Sarrión anuncia que IU-CyL será acusación popular en la Enredadera por el «papel determinante» de la provincia

La formación se personará en Badalona y en las dos piezas separadas de León y Astorga. El coordinador ha recordado que son siete municipios de la provincia y 12 de Castilla y León los que se han visto salpicados, del total nacional de 44 ayuntamientos afectados.

En el caso de Villaquilambre, la concejala de Izquierda Unida es optimista con la opción de sacar adelante una moción de censura para «no normalizar la sospecha de corrupción».

A Elena Fernández no le ha convencido las explicaciones de Manuel García en el pleno extraordinario y por ello reclamaron la inmediata dimisión y que se les retirara el apoyo. Finalmente, junto con el resto de partidos, han logrado sumar los apoyos para formar «un gobierno de integración» que intente devolver la decencia al municipio del alfoz. Diez concejales apoyan la moción de censura y, de momento, son siete los ediles que seguirán apoyando al alcalde.

También en San Andrés del Rabanedo intentarán una moción de censura, aunque reconocen que los números para llevarla a cabo no serán fáciles. Además, Izquierda Unida ha pedido al Partido Socialista «que se quite las orejeras» y aparte a la alcaldesa y a los concejales imputados.

Felipe Meigue, de IU-San Andrés, ha puesto el ojo en las conversaciones entre Ulibarri y María Eugenia Gancedo y otras en las que se reconoce «la mano» del empresario encarcelado en el municipio.

En la capital, la crítica de IU pone su punto de mira en los principales medios de comunicación, La Nueva Crónica y el Diario y Televisión de León. Así lo ha asegurado Victoria Rodríguez, en referencia a los millonarios contratos de la ayuda a domicilio, que afectan a sus propietarios.

El «papel esencial» en la trama lo jugaban, según la edil de León en Común, el Diario de León y la Televisión de Castilla y León, cuya actitud ha calificado de «vergüenza», por ser «el brazo armado y quienes ponían y quitaban alcaldes».

En Astorga la situación es más compleja y se remiten a exigir el cese de responsabilidades a los investigados para que «dejen de desprestigiar la imagen de la ciudad».

Desde la formación denuncian que la clase política leonesa parezca más interesada en crecer políticamente que en el interés general de los ciudadanos.