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«La Justicia funciona cuando la sociedad está fallando». Es la conclusión a la que llega Fernando Santocildes, presidente de la abogacía leonesa y altamente implicado en las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia de género.
Santocildes, que asistió al pleno del ... Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género celebrado este lunes y adelantado ante los últimos asesinatos machistas, incide en la necesidad de «sensibilizar a la sociedad» contra esta lacra y formar a jueces, abogados, policías y demás miembros del aparato judicial para actuar «cuando la sociedad falla».
El también presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la mujer del Consejo General de la Abogacía Española, compartió en la reunión a la que asistieron responsables del el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia a través de turnos rotatorios anuales, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España el punto de vista del colectivo para actuar con más diligencia en esta materia.
Así, como principal exigencia, los abogados piden que cada partido judicial, por pequeño que sea, cuente al menos con un abogado especializado en violencia de género. En el caso de León, Santocildes pide que los siete partidos judiciales cuenten con esta figura, algo que no sucede a día de hoy ya que Astorga y La Bañeza comparten.
El pleno, previsto inicialmente para febrero, se adelantó por el repunte de casos que desde diciembre no ha hecho sino aumentar el terrible recuento de víctimas por violencia de género. «Los casos se están concentrando en pocos días, y si la tendencia se mantiene el resto del año hace que sea necesario y urgente encontrarnos todos y tomar medidas», apunta Santocildes.
Así, en la reunión se abordaron temas como la mejora de la eficacia de las unidades de valoración del riesgo desde Interior y el uso de dispositivos telemáticos para proteger a las víctimas.
Como representante de los abogados, Santocildes también recordó la necesidad de que el asesoramiento a las víctimas sea preceptivo en el momento previo a la interposición de la denuncia, momento en el que «se activa y articula todo el mecanismo de protección para la denunciante».
Además de insistir en la necesidad de formación continuada para abogados y profesionales de la justicia, la abogacía pide «poner la atención en la víctima» y evitar situaciones de revictimización.
Por último, y preguntado por el efecto que la denuncia de una joven al futbolista Dani Alves puede tener como ejemplo del buen funcionamiento de los protocolos, Santocildes asegura que «la Justicia está funcionando y el sistema es bueno» pero recuerda que la clave está en «la educación en igualdad y la sensibiización para que la sociedad, que es la que está fallando, deje de hacerlo».
El Pleno del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha acordado en su reunión la necesidad de seguir insistiendo en la especialización de los juzgados de lo Penal y en la ampliación de la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con el objeto de que todas las víctimas de la violencia machista sean atendidas por profesionales especializados en esta materia. También se ha señalado la importancia de que tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propongan el uso de dispositivos electrónicos en todos los casos de «especial relevancia».
En este sentido, el Observatorio ha apostado por que se siga trabajando en la especialización de los juzgados de lo Penal así como en la ampliación de la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, lo que permitirá una atención profesional especializada (juez, fiscal, fuerzas y cuerpos de seguridad, forenses, trabajadores sociales, abogados y procuradores, entre otros) a un mayor número de víctimas de violencia de género.
Unidades de valoración forense
También se ha acordado impulsar la creación en todo el territorio nacional de Unidades de Valoración Forense Integral, formadas por forenses, psicólogos y trabajadores sociales especializados, y la puesta en marcha de un protocolo de valoración forense urgente del riesgo en todos los partidos judiciales.
La atención directa y especializada a las víctimas de la violencia machista está en el epicentro de las propuestas del Observatorio, que aboga por dar un impulso a la creación de las oficinas de atención a las víctimas y por que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas coordinen sus actuaciones para mejorar la atención a las mujeres víctimas.
Uso de los dispositivos electrónicos
El Observatorio también considera necesario impulsar el uso de los dispositivos electrónicos, una herramienta que se ha mostrado muy eficaz en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, así como de sus hijos e hijas. A este respecto, tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propondrán la implantación de los dispositivos en todas las situaciones que se consideren de «especial relevancia».
Se ha destacado también la importancia de perfeccionar el sistema de valoración del riesgo en los casos de agresores «persistentes». Los representantes del Ministerio del Interior han señalado al respecto que se está estudiando la fórmula para comunicar a la víctima en casos de agresores persistentes, sin que ello suponga vulneración alguna de las leyes de protección de datos.
Sensibilización social
El Observatorio hace también un llamamiento a la sensibilización social, imprescindible en la erradicación de la violencia machista. En primer lugar, al entorno de las víctimas para poner los hechos en conocimiento de la policía o del juez y, en segundo lugar, a las comunidades educativa y sanitaria, cuya colaboración resulta imprescindible para la detección precoz de situaciones de violencia de género tanto respecto de las mujeres como de sus hijos e hijas menores de edad.
Ha señalado la necesidad de promover las reformas necesarias para que los cursos en materia de violencia de género sean obligatorios no sólo para los miembros de la Carrera Judicial que accedan a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sino también para los que presten servicio en cualquier órgano judicial que tenga competencia en esta materia, aunque no sea de forma exclusiva (juzgados de instrucción y juzgados de primera instancia e instrucción).
Completar el desarrollo del Pacto de Estado
La presidenta del Observatorio ha abogado también por desarrollar en su integridad las medidas contenidas en el Pacto de Estado de 2017. En este sentido, ha señalado la necesidad de establecer la obligatoriedad de que las denuncias y partes de lesiones recibidos en sede judicial sean remitidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su incorporación a la base de datos de VioGén.
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