Sanidad se ve sin munición frente al SARS-CoV-2 e insite en frenar el contacto personal

Desde la consejería de Sanidad se mantiene la urgencia de contar con medidas eficaces a disposición de las autonomías para poder 'recortar' el contacto social y por extensión elevar las opciones de frenar el avance del SARS-CoV-2, el virus que provoca el desarrollo de la covid-19.

El Gobierno, sin embargo, continúa mostrando sus reticencias a adelantar el toque de queda y pide a las comunidades que sigan apurando las restricciones, aunque cada vez queden menos por tomar. Pero la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo este martes tras el Consejo de Ministros que las autonomías aún tienen «margen» para «intensificar y explorar» nuevas medidas dentro del actual decreto de alarma que disminuyan la movilidad.

El Consejo Interterritorial «va a repasar los datos y va a valorar el alcance del conjunto de herramientas que se han puesto a disposición de las comunidades para frenar la expansión del virus y para combatirlo», aseguró Montero, sin cerrar la puerta a nuevas restricciones, porque el Gobierno no quiere tampoco un enfrentamiento directo con las comunidades. La portavoz volvió a valorar la «cogobernanza» del Ejecutivo central y las autonomías en la crisis sanitaria y destacó que «cada vez se hace más fuerte y más resistente».

En la misma línea se pronunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que dijo este martes que las comunidades tienen «instrumentos suficientes» para frenar el incremento de los casos, aunque se abrió a debatir este miércoles con los consejeros: «No quiero tener una postura de cierre a escuchar nada, pero las medidas se deben valorar bien y con seguridad jurídica».

Y es que la necesidad de acudir al Parlamento para aprobar un nuevo marco jurídico que sirva de paraguas a medidas más duras explica por qué el Gobierno no da pasos más decididos. La ampliación del toque de queda exigiría un nuevo decreto de estado de alarma, que durante los primeros 15 días sería discrecional, pero a partir de ese plazo necesitaría la convalidación de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para su prórroga. El Gobierno quiere evitar una nueva ronda de negociaciones que, además, no le garantiza el éxito, toda vez que el principal partido de la oposición, el PP, no ha asegurado su apoyo pese a que varias comunidades gobernadas por los populares quieren disponer cuanto antes de la posibilidad de tomar más medidas.

Y no sólo los populares. La Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, llevó este amrtes hasta el límite las posibilidades que le ofrece el actual estado de alarma y ha anunciado restricciones muy severas. Cerrará las puertas de los establecimientos hosteleros, que sólo podrán hacer entrega a domicilio o venta en el propio local para consumir en casa, los casinos y locales de juego y las instalaciones deportivas salvo para competiciones profesionales. Además, decretó la clausura del comercio a las 18 horas salvo para locales de alimentación, farmacias y comercios esenciales. Las medidas entrarán en vigor mañana jueves y se prolongarán durante 14 días.

«En la última semana hemos visto que diciembre se ha intensificado la pandemia. No podemos seguir así. Tenemos que cortar de forma drástica los contactos sociales y vamos a actuar con contundencia», enfatizó Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, una de las autonomías más castigadas en la tercera ola, con una incidencia acumulada en el entorno de los 900 casos y unos hospitales en situación límite, con una ocupación de las UCI por enfermos de coronavirus por encima del 50%.

Puig se ha sumado a las comunidades que reclaman poder adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde. Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Baleares, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha son partidarios de esta medida. «Parece lógico. Se nos está quedando estrecho el escenario actual, en previsión de lo que pueda evolucionar la pandemia después de la ola de Navidad, porque evidentemente estamos ahora en el pico claro de la Navidad», declaró el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page.

Mientras, otras como Madrid critican al Gobierno por no establecer un plan común para todo el país, pero a la vez no quieren prolongar el toque de queda «para no arruinar más a la hostelería», subrayó este martes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. «Para eso, que no cuenten con nosotros», apuntó.