Efe
León
Miércoles, 18 de abril 2018, 11:24
Raquel Gago, condenada a 14 años de prisión por complicidad en el asesinato de la dirigente del PP Isabel Carrasco, ha perdido su condición de policía local por decreto de la Alcaldía de León, según han confirmado a Efe fuentes municipales.
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El decreto, fechado ... el pasado 10 de abril, se basa en las sentencias de la Audiencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y el Tribunal Supremo, en las que se establece su inhabilitación para la profesión que venía desempeñado hasta su detención.
Contra este decreto cabe recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado.
El Tribunal Supremo elevó el 15 de diciembre de 2016 en dos años, de doce a catorce, la pena para Raquel Gago por complicidad y tenencia ilícita de armas.
El TSJCyL le había retirado a Gago el delito de tenencia ilícita de armas, pero el Supremo lo ha vuelto a tener en cuenta y ha endurecido su condena.
La sentencia del Supremo casi triplica la pena que le había impuesto la Audiencia de León -después revisada por el TSJCyL-, que sólo condenó a Gago a cinco años de cárcel como encubridora del asesinato de Isabel Carrasco y por tenencia ilícita de armas.
El tribunal que juzgó el caso la absolvió del delito de delito asesinato en contra del veredicto del jurado y de la posición mantenida por la Fiscalía, al asumir que las preguntas que debía responder el jurado estuvieron mal formuladas.
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En la actualidad, Gago, de 42 años, recibía un sueldo de casi mil euros, correspondiente a su salario sin los complementos y ahora deberá devolver a las arcas municipales las cantidades cobradas desde la apertura de su expediente, más de 24.000 euros.
Gago entregó en Comisaría el arma con el que Montserrat González confesó haber matado a Isabel Carrasco y explicó que la había encontrado casualmente en su coche, donde supuestamente la había escondido su amiga Triana Martínez sin que ella se percatase.
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Tras ocho meses en prisión fue puesta en libertad provisional el 29 de enero de 2015 bajo fianza de 10.000 euros y se le permitió seguir en libertad una vez que el TSJCyL revisó la sentencia a la espera del pronunciamiento del Supremo.
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