Quiñones dice que obtuvo el «máximo precio» posible por la polémica venta de todoterrenos

Durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, a petición del PSOE y Podemos y también a petición propia, el consejero ha defendido la legalidad de los procedimientos y ha señalado a los delegados territoriales de la Junta en las provincias como competentes para firmar la resolución final.

Ha detallado que en el periodo analizado por el Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid, entre 2015 y 2019, fueron enajenados 664 vehículos de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, que consideraron que los todoterrenos estaban «inservibles para su uso como medio de trabajo del personal de campo de la Consejería», por su «antigüedad y deterioro constatados».

El consejero ha subrayado que la Junta actuó conforme a la ley de Patrimonio de la Comunidad hasta el momento en el que se produjo la transmisión legal de los vehículos y que, a partir de ese momento, «carece absolutamente de justificación cualquier especulación a posteriori sobre el valor o el uso de estos vehículos».

Suárez-Quiñones ha remarcado en este sentido que los propietarios «son libres de hacer lo que estimen por conveniente» con los vehículos, siempre que cumplan con la normativa aplicable, y ha añadido que «obviamente ninguno de los vehículos enajenados figura a nombre de la Junta de Castilla y León en las Jefaturas Provinciales de Tráfico».

Según los datos aportados por Suárez-Quiñones, en el 96 por ciento de los casos, estas enajenaciones se realizaron «de forma acompasada» con la compra de nuevos vehículos y por el procedimiento de la creación de lotes con diferentes plazos de entrega y cantidades.

En la parte final de su primera intervención ha desgranado una por una las empresas que participaron en los procedimientos de enajenación en cada provincia, con hasta 193 compañías que presentaron 131 ofertas, de entre las que las Delegaciones Territoriales eligieron «sin excepción» las «más altas», ha insistido.

Por provincias, la de Burgos fue la que más vehículos enajenó en ese periodo investigado, con 136 vehículos; seguida de Soria (98), León (90), Ávila (78), Segovia (66), Valladolid (64), Zamora (49), Salamanca (46) y Palencia (37).

El Juzgado investiga la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, con participación directa de empresas y particulares, que pudieron haber sido beneficiados por la adquisición de un número importante de vehículos, por entre 600 y 800 euros, cuando su precio en el mercado de segunda mano era de unos 9.000 euros.

El juez investiga igualmente si alguien ordenó dividir lotes de coches por provincia para evitar que su valor superase los 30.000 euros en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como considera el instructor que hubiera sido perceptivo, con el fin de evitar la misma.