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El único procurador de la UPL en las Cortes de Castilla y León así como los ocho con dedicación exclusiva del PSOE en esta institución han decidido donar parte de sus retribuciones a la lucha contra el Covid-19 en un gesto que sigue la estela abierta por el senador popular leonés, Javier Santiago Vélez.
Fue a última hora de este miércoles cuando el leonesista Luis Mariano Santos confirmó su decisión días atrás de donar «la retribución de dietas cobrada sin acudir a la sede de las Cortes de Castilla y León», unas 'dietas' que tienen como objetivo el pago de desplazamientos y manutención.
Este jueves la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León acordó que aquellos procuradores con dedicación exclusiva donarán sus indemnizaciones por ejercicio de su cargo a aquellas organizaciones o asociaciones que consideren.
La Unión del Pueblo Leonés ha propuesto este jueves que «el dinero de la fiesta del 23 de abril se dedique íntegramente a luchar contra el coronavirus». Los leonesistas han recordado que se trata de gastos superiores a los 200.000 euros y que en su conjunto suponen «la mayor parte del presupuesto de la Fundación Villalar».
Esta medida solidaria es una forma más de apoyar cuantas medidas sean necesarias para lograr el fin de la pandemia y acelerar la recuperación de la economía, así como apoyar a aquellas organizaciones o colectivos con especiales dificultades ante la crisis del Covid-19.
Por eso, y al igual que ya ocurrió en la huelga feminista de marzo de 2019, los ocho procuradores con dedicación exclusiva donarán ese dinero empleado las fórmulas que permita el Reglamento de las Cortes.
No obstante, cabe señalar que en el Parlamento de Castilla y León el 85% los procuradores –sin dedicación exclusiva- no cobrarán absolutamente nada durante este período de confinamiento y de parálisis de la actividad parlamentaria.
Similar circunstancia ocurre en el Congreso y en el Senado, donde los parlamentarios socialistas ya anunciaron que donarán las indemnizaciones destinadas a cubrir gastos derivados de las funciones representativas.
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