La protesta de las clínicas veterinarias de León: «Es una cuestión de salud pública»

«Es una cuestión de salud pública». María J. Cabeza echa el cierre de su clínica tras realizar una intervención a una mascota. Para, como la gran mayoría de estos centros veterinarios en León porque considera que la situación cada vez es más preocupante: «Somos médicos veterinarios, en España no se usa mucho ese término pero somos doctores. Estamos aquí para que se confíe en nosotros«.

Una treintena de clínicas veterinarias, estaban llamadas a parar una hora para protestar por el cambio de en la regulación española de la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, como los antibióticos. Una queja que, según los profesionales del sector, es sólo un ejemplo más de falta confianza hacia ellos.

«Hay que regular las cosas pero tendrían que preguntarnos. Va en perjuicio de la propia mascota y del responsable de ella. Por ejemplo, hay dos medicamentos con el mismo principio activo que puedo dar cinco días, y otro 49 días», comenta María J., que se queja porque no se tienen en cuenta criterios médicos y de salud pública a la hora de valorar su labor o de establecer normas y regulaciones.

El IVA al 21 por ciento (tras estar al diez) es otro de los problemas que denuncian, no por el impuesto en sí, si no porque comprenden que sus servicios no deberían de ser «un lujo» cuando la salud pública se puede poner en peligro.

La voz de alarma se da desde 2025 cuando se conoce que a comienzos de este año iba a entrar en vigor un Real Decreto (el 666/2023) que regula el uso de medicamentos veterinarios y establece restricciones en la prescripción de antibióticos para animales de compañía. Estas limitaciones, señalan desde la Confederación Empresarial Veterinaria de España (CEVE) en León, son consideradas «excesivas y arbitrarias, y dificultan la labor de los veterinarios, ya que les impiden decidir el mejor tratamiento según cada caso clínico. Además, la norma introduce una burocracia innecesaria, obligando a registrar cada receta en un sistema específico».

Por eso, este martes 11 de febrero muchos centros veterinarios de la provincia de León han cerrado sus puertas una hora en señal de protesta por una normativa que les «imposibilita ejercer su trabajo, poniendo en serio riesgo la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente. En la práctica, impide tratar adecuadamente a los animales, lo que en algunos casos puede llevar a la eutanasia por falta de opciones terapéuticas».

El Reglamento Europeo 2019/6 que regula los medicamentos veterinarios, permite que los veterinarios dispensen fármacos, siempre que las restricciones sean justificadas y proporcionales al riesgo que se quiere evitar. Sin embargo, «España ha impuesto una normativa mucho más estricta que la mayoría de los países europeos, limitando la actuación de los profesionales y generando un impacto negativo en la atención a los animales».

Los datos muestran que los antibióticos para animales de compañía representan solo el 0,08% del mercado farmacéutico (uno de cada 1.250 casos), por lo que «estas restricciones no tienen un impacto significativo en el control de la resistencia a los antibióticos. En cambio, sí afectan a la relación entre las personas y sus mascotas, que desempeñan un papel clave en el bienestar emocional, la salud mental y la compañía en situaciones de enfermedad o soledad».

Además, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que los veterinarios son los profesionales más cualificados para gestionar el uso de medicamentos en animales y garantizar la salud pública. A pesar de ello, «España sigue impidiendo que ejerzan esta función, a diferencia de la mayoría de los países europeos».

Este cambio normativo ha generado un amplio rechazo en el sector veterinario y entre los propietarios de mascotas, que ven cómo se limitan las opciones de tratamiento sin una justificación clara basada en la evidencia científica.

CEVE León defiende que «los consumidores tienen derecho a recibir servicios profesionales de quien mejor pueda ofrecérselos, así como a contar con la mayor facilidad para acceder a los medicamentos que necesitan. La realidad y las necesidades sociales en España con respecto a los medicamentos veterinarios son muy distintas a las que pretende imponer la legislación, la cual se opone a la reglamentación europea, al mercado único y vulnera los derechos de los consumidores. Además, cuestiona la presunción de inocencia de todo un colectivo profesional y pone en riesgo la salud animal, la salud pública y la protección medioambiental, sin aplicar el principio de necesidad por interés general ni la proporcionalidad respecto al riesgo que justifica la norma».

Para CEVE León, «la legislación nacional vigente no favorece ni al consumidor, ni al paciente, ni a la salud pública. Tampoco incentiva la inversión ni la contratación en España, poniendo en peligro los puestos de trabajo ya consolidados en el sector veterinario. Por ello, los empresarios veterinarios solicitan la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, eliminando la incompatibilidad entre prescripción y venta del medicamento veterinario; la derogación del Real Decreto 666/2023 por incumplir la legislación europea; y el retorno inmediato al tipo reducido del IVA aplicado a los servicios veterinarios, con el fin de garantizar la protección de la salud pública y mejorar la accesibilidad de la población a estos servicios.

El Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León advierte al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del «rechazo unánime del sector a la nueva regulación del uso de antibióticos y pide su suspensión cautelar. Al mismo tiempo, el Consejo autonómico ha solicitado una reunión con la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta con el fin de debatir la aplicación de esta norma en Castilla y León».

Desde el Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León trasladan al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el «desacuerdo, malestar e inquietud general» de los profesionales clínicos de animales de compañía ante los cambios normativos.

Los profesionales ponen en tela de juicio el sistema Presvet, una base de datos creada por el Ministerio para la comunicación del uso de antibióticos en la práctica veterinaria.

El Consejo autonómico recuerda al Ministerio que los veterinarios clínicos de pequeños animales, como sanitarios, «son plenamente conscientes de la necesidad de optimizar el uso de los antimicrobianos, por su compromiso con la salud pública y su papel central en la estrategia One Health». Sin embargo, apunta el Consejo, son «numerosos» los problemas que está suscitando el nuevo sistema.

Los veterinarios de Castilla y León detallan que la nueva regulación genera una gran carga administrativa, tiene un régimen sancionador desproporcionado que criminaliza al veterinario, y genera unos costes adicionales que pueden ser inasumibles para los propietarios, con un IVA al 21% como telón de fondo.

Reprochan además que «el nuevo sistema genera problemas en la gestión de los excedentes de medicamentos, también en lo relativo a antibióticos inyectables y no prevé los problemas de integración con los programas de gestión de las clínicas, lo que dificulta la trazabilidad de los tratamientos y complica las tareas administrativas del veterinario».

Por todo ello, el Consejo autonómico solicita al Ministerio de Agricultura la suspensión cautelar del sistema Presvet mientras se procede a la modificación del mismo o al diseño de uno alternativo que permita un «control real y efectivo del uso de antibióticos» y que favorezca «su adaptación a la realidad de la clínica veterinaria de las mascotas, que facilite su integración con los sistemas de gestión de las clínicas y que respete siempre la libre actuación de los profesionales veterinarios que velan diariamente por la salud de nuestros animales, la salud pública y la salud ambiental».

En este sentido, recuerdan que el nuevo sistema debe enfocarse siempre en la monitorización, en promover buenas prácticas y uso racional de los antibióticos, con guías para su uso, pero siempre prevaleciendo «el juicio clínico del profesional, que en última instancia debe decidir qué antibiótico debe aplicar en cada caso particular, siempre justificando clínicamente su uso, siempre de acuerdo con los valores del código deontológico y en favor de la salud animal y la salud pública».

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