El caso de la perra Paca se ha convertido en uno de los más complicados para la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León. En diciembre, un decreto municipal ordenó confiscar al animal a su dueño debido a un nuevo incidente en la vía ... pública. El historial del animal sumaba más de una veintena de episodios y la decisión fue tomada por el veterinario municipal y firmada por el concejal responsable del área.
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Paca pasó a custodia de la Protectora de León y ahí comenzaron los problemas. Tal como denuncia la Junta Directiva de la asociación ante el Ayuntamiento de León, se han visto «acosados mesiánicamente» por su anterior propietario que ha facilitado múltiples datos de carácter personal de algunos de los miembros de la asociación. Desde la Protectora recuerdan a este medio que «somos voluntarios y no cobramos por este trabajo», además de ello se sienten «indefensos» ante el constante ataque por un caso en el que «no tenemos nada que ver y sólo cumplimos con lo que nos han dicho».
Tras semanas aguantando esta situación, la Junta Directiva de la Protectora de León envió un documento al Ayuntamiento de León. En el comunicado pedía «protección» ante el «acoso» recibido y se solicitaba al consistorio que tomase una determinación sobre el caso de Paca. En el escrito, solicitaban «una solución inmediata ante la total indefensión, desinformación y falta de apoyo». De no ser así, remarcaban que entregarían la perra en dependencias municipales.
La petición se envió a Urbanismo, que fue quien firmó el decreto para retirar a Paca a su anterior dueño. Pero la respuesta llegó de Comercio, Consumo y Salubridad.
El Ayuntamiento de León ha manifestado que «lo más adecuado» para Paca y su anterior titular es que «trabajen con ella y su dueño, mediante la intervención de un etólogo o adiestrador canino, para reconducir el comportamiento del animal y la convivencia responsable con su dueño».
Además, aseguran que el fin de este trabajo es, «si fuera posible», dictar la orden para «el retorno de Paca a su antiguo propietario». En este sentido, el Ayuntamiento deja en manos de la Protectora la valoración de si Paca debe volver con Salvador.
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Una respuesta que no ha gustado a la Protectora de León que ha emitido un nuevo escrito explicando que en el contrato que mantienen con el Ayuntamiento de León está la recogida de «animales domésticos abandonados, vagabundos, extraviados o asilvestrados» y el mantenimiento en las instalaciones para su adopción. «En estos supuestos no se encuentra el caso de Paca», mantienen.
La Junta Directiva de la asociación explica que «el supuesto de confiscación» no entra en el pliego de condiciones y en ningún caso fue la Protectora quien tomó esa decisión sino el veterinario técnico.
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Además, en el escrito explican que «no entendemos la solicitud de trabajar con su anterior propietario» ya que la Protectora de León no tiene una función de administración pública y esa petición no entra dentro de la relación contractual entre ambas partes. En este sentido, también han querido recordar que «no somos profesionales para valorar la capacidad del anterior dueño» y su aptitud o no para recuperar a Paca. Algo, que según entienden, «debería hacer algún psicólogo municipal» y recuerdan que fue «el veterinario superior quién le concedió la licencia PPP».
Finalmente, en relación al etólogo que solicitan desde el Consistorio, la Protectora remarca que «los adiestradores que trabajan en la asociación no son trabajadores municipales y sus funciones son las de trabajar con las conductas de los perros que están en adopción».
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Ante esta situación, piden que «se cumplan las obligaciones contractuales en un plazo no superior a tres días» y que de este modo den «una solución» a la situación de Paca en tres días.
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