Los procuradores de León denuncian del colapso judicial con 8.000 notificaciones pendientes de tramitación

El Scop es el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, el corazón del sistema a la hora de tramitar procedimientos, y en sus entrañas cada día se suma más y más 'papeleo' digital y ordinario. «Es imposible de imaginar la situación que se está viviendo», también se relata.

El motivo no es otro que la huelga de los secretarios judiciales -letrados de la Administración de Justicia (LAJ)- en la provincia, que cuenta con un seguimiento superior al 60% y que mantiene unos 'ralentizados' servicios mínimos.

El mayor impacto de la huelga se está apreciando en la vía Civil, con 2.500 autos, sentencias o diligencias que no se han tramitado. Otros 3.000 procedimientos de ejecución también se suman en esta jurisdicción.

Y no son los únicos datos que impresionan. En la jurisdicción del Contencioso hay un millar de notificaciones a la espera de rúbrica, el mismo número que se suma en Laboral.

La menos afectada, se recuerda desde el cuerpo de procuradores, se encuentra en la vía Penal donde los servicios mínimos se concentran por la mayor gravedad de los pleitos que allí se dirimen. Con todo, «se trata de unos servicios mínimos que funcionan de aquella manera».

Desde el 24 de enero los 4.300 secretarios judiciales de toda España están de huelga indefinida y este paro de los también conocidos como Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) «está perjudicando seriamente el funcionamiento de los juzgados y tribunales, causando la suspensión de miles de vistas y haciendo perder a los implicados en las mismas decenas de miles de horas».

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia es un pulso que este colectivo mantiene con el Ministerio para que cumpla los pactos que firmó en abril de 2022, y que según las asociaciones convocantes, todavía no ha cumplido.

Entre las peticiones, los secretarios judiciales solicitan que se adecúen sus salarios a su condición de grupo A1 -salario inicial de 18.437euros a 20.878 en 12 pagas sin complementos, hasta los 58.979 euros anuales de sueldo medio- y a las 300 funciones que asumieron con la reforma de la ley de 2009. El Ministerio, sin embargo, asegura que se les paga por las nuevas funciones y que su sueldo ya ha subido casi un 15%.

Ese desencuentro es el que mantiene viva la huelga y lleva a los juzgados, como el de León, a una situación límite que «empeora cada día que pasa» provocando «enormes daños a quienes reclaman la administración de justicia, al propio sistema, a quienes dependen económicamente de los procedimientos y todo al mismo tiempo que deja fuera de la circulación millones de euros en el pago de indemnizaciones».

«La situación es dramática y parece que no pasa nada», aseguran los procuradores leoneses, uno de los cuerpos más 'dañados' por la situación actual.