El Procurador del Común pide un aumento de plazas en el Club de los 60 y una gestión «más justa» de las listas de reserva

«En 2016 hubo un total de 49.159 solicitantes, viajando finalmente 27.962 personas a 33 destinos diferentes, no pudiendo acceder a ningún viaje 23.295 personas. Y en 2017 se registraron 50.876 solicitantes, no pudiendo viajar 23.392 personas», explican desde el Común. El motivo que argumenta la Administración autonómica para justificar estas cifras es que «de las 23.295 y 23.292 personas que no pudieron viajar en las convocatorias de 2016 y 2017, 9.089 y 9.306 respectivamente renunciaron al viaje». «Aún así, quedarían 14.206 y 14.086 personas en cada uno de esos ejercicios a los que no se les adjudico ningún viaje y tampoco pudieron acceder a la lista de reserva», apuntan.

No obstante, la Administración señala que en el caso de 2017 muchas de estas personas, «después de los intentos de llamada realizados para cubrir las vacantes, bien renunciaron al destino, no contestaron o bien aceptaron el viaje pero posteriormente también renunciaron al mismo». «Pero con independencia de que la gestión de las listas de reserva se lleve a cabo de forma rigurosa, la sola posibilidad de que, como se afirma en la queja, muchos solicitantes no puedan participar en el programa, exige considerar la probabilidad de mejorar la oferta progresivamente», asevera el Común.

Las cifras reflejan, pese a los numerosos casos en los que «la falta de adjudicación del viaje pudiera ser por causas ajenas a la propia Administración, que muchas personas no han resultado beneficiarias de algún viaje». «Según, los datos facilitados, en 2017 pudieron ser 6.316. Sin embargo, el número de personas a las que se adjudicó más de un viaje en ese ejercicio (a octubre) sería de 936 (siendo 1.474 en 2016)», afirma el Procurador del Común.

«Parece apropiado, por ello, valorar la incorporación al programa de una serie de mejoras en cuanto a la cantidad de los servicios, de forma que sea posible el acceso de más personas mayores y una mayor variedad de la oferta. El alcance de los grandes beneficios sociales del programa no puede quedar reducido (sin el establecimiento de criterios de valoración) a unas personas en discriminación de otras que, cumpliendo los requisitos exigidos, ostentan el mismo derecho a participar en el servicio», considera.

La acción de la oferta proporcionada por la Administración autonómica «debe ofrecer como resultado una situación óptima para todos los solicitantes, favoreciendo el acceso a este programa de envejecimiento activo en condiciones de igualdad».

«Por ello, se propone la posibilidad de estudiar el establecimiento de un sistema más riguroso o efectivo de las comunicaciones a los interesados en la gestión de las listas de reserva, mediante un medio de notificación que garantice una mayor seguridad jurídica y ampare los derechos de los solicitantes. Al mismo tiempo, y con la misma finalidad, parece adecuado determinar de forma más reglada y detallada en las normas del programa el único criterio de prioridad establecido, como es la ausencia de participación en años anteriores, con la finalidad de favorecer de forma más objetiva el acceso al programa de nuevos solicitantes», consideran.

Un ejemplo de esta forma de regulación, según el Común, se encuentra en las instrucciones del Programa de turismo del Imserso 2017/2018. «Se trata con ello de fomentar la posible mejora de la gestión y regulación del programa para adaptar la oferta a las necesidades de la demanda actual y garantizar una mayor objetividad y seguridad jurídica en el acceso o participación de los solicitantes», aseguran.

Por todo ello, y con la finalidad de favorecer «el crecimiento de un instrumento idóneo para el desarrollo personal y social de las personas mayores, con un impacto especialmente positivo en su bienestar físico y mental, se valore la incorporación al Programa de Viajes del Club de los 60», el Procurador del Común ha hecho varias peticiones.

La primera es la exigencia de aumentar de «forma progresiva» la oferta de plazas a «la demanda real que anualmente se produzca, de forma que sea posible el acceso al programa de más personas mayores y no se favorezca la participación de unas en discriminación otras que también cumplan los requisitos para ser beneficiarias».

En cuanto a la gestión de las listas de reserva, el Común pide estudiar el establecimiento de «un sistema más riguroso o efectivo de las comunicaciones a los interesados en la gestión de las listas de reserva, mediante un medio de notificación que garantice una mayor seguridad jurídica y una mayor objetividad y eficacia de la actividad administrativa en la adjudicación de las plazas».

Por último, respecto a la regulación del programa, solicita establecer «de forma más reglada y detallada en las normas del programa el criterio de prioridad establecido (la falta de participación en años anteriores) para favorecer de forma más objetiva el acceso al programa de nuevos solicitantes».