El Procurador del Común ve necesaria la adopción de garantías de cara al inicio del curso escolar

«Lo cierto es que el establecimiento de la actividad educativa presencial en los términos que por el momento prevé la Administración plantea la necesidad de revisar todas las medidas dispuestas al efecto para garantizar la máxima seguridad de la población en general», señala en un comunicado la institución que preside Tomás Quintana.

La actuación de oficio del Procurador del Común, a la espera del informe que ha solicitado a la Consejería de Educación, así como de la evolución de los acontecimientos y de las medidas que están siendo revisadas por las Administraciones implicadas, concluirá con la correspondiente resolución, avanzan.

La institución informó este jueves de que acumula estos días grupos de quejas sobre la misma cuestión, que solicitan que la actividad educativa se inicie de forma no presencial, el aumento de profesorado para hacer frente a las necesidades que requerirá la actividad docente, la implantación de la jornada continua para minimizar más los riesgos de contagio de la covid-19 y la concreción de medidas que resulten efectivas para iniciar el curso con las máximas garantías.

Según el calendario escolar del curso 2020/2021, el inicio del curso, recuerdan, tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, en el marco de la situación extraordinaria marcada por la pandemia de la covid-19. «Los alarmantes rebrotes de la enfermedad, así como que los centros educativos son espacios cerrados en los que se concentrará un elevado número de personas durante un considerable número de horas, obligan a poner la máxima atención en las medidas que deben ser adoptadas, para que se pueda iniciar la actividad lectiva el próximo mes de septiembre», señalan.

La Consejería de Educación cuenta con un Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros de Castilla y León para el curso 2020/2021. No obstante, desde diversos ámbitos (familias, profesorado, sindicatos) se cuestionan las posibilidades de iniciar de forma segura el curso escolar, planteándose todo tipo de incertidumbres en consideración al contenido del Protocolo.

La necesidad de profesorado de refuerzo y de personal de limpieza suficiente, las excesivas ratios de alumnos establecidas para espacios cerrados (aulas, comedores, baños, patios, medios de transporte), las dificultades para ampliar los espacios, la seguridad de las personas especialmente vulnerables que puedan estar en contacto con los escolares y el resto de la comunidad educativa, la escasa madurez y autonomía de los más pequeños sobre medidas higiénico-sanitarias y las acciones en caso de que se detecte un contagio son motivo de una «razonable preocupación», reconocen.