Tomás Quintana López, Procurador del Común. Peio García

El Procurador del Común insta a equiparar la retribución complementaria de los profesores universitarios contratados

Mantiene que esa cantidad económica se debe equiparar con la de los funcionarios | Concluye que la actual legislación regional no atiende a los principios de equidad e igualdad

Carlos Tabernero

León

Domingo, 10 de noviembre 2019, 11:24

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, emitió una resolución el pasado 4 de octubre en la que insta a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a iniciar los trámites necesarios para modificar el Decreto ... de regulación del personal docente e investigador contratado de las universidades públicas de la región, con el objetivo de equiparar su retribución a la de los profesores funcionarios en materia de complementos docentes e investigadores.

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Tal y como figura en la resolución, a la que tuvo acceso la Agencia Ical, el Procurador del Común pide la modificación del Decreto 67/2013 de 17 de octubre, por el que se desarrolla la regulación del régimen del personal docente e investigador contratado de las universidades públicas de Castilla y León, para que contemple «expresamente» el derecho de los profesores contratados a percibir, «en las mismas condiciones que el personal funcionario», los complementos personales por méritos docentes y productividad por actividad investigadora, atendiendo a «los principios de equidad e igualdad».

En la resolución, el Procurador del Común también aconseja que la modificación del mencionado Decreto «se lleve a cabo a través de un proceso participativo» para que la misma sea «el resultado del acuerdo de todos los agentes afectados por la nueva regulación», entre los que el Procurador del Común incluye a la Administración autonómica, las cuatro universidades públicas de la región y los representantes de su personal docente e investigador.

La resolución trata así, en base a los principios de equidad e igualdad, de acabar con la diferencia de retribución entre el personal docente e investigador contratado y el funcionario, que engloba a profesores titulares y catedráticos de universidad, en materia de complementos por méritos individuales, que incluyen los quinquenios por méritos docentes y los sexenios por la actividad investigadora.

Personal docente e investigador

Hasta ahora, y tal y como establece la disposición transitoria cuarta del II Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador contratado en régimen laboral de las universidades públicas de Castilla y León, que amplía las condiciones establecidas en el Decreto, el PDI contratado percibe el 75 por ciento del primer quinquenio docente y el 75 por ciento del primer sexenio de investigación del total que recibe el personal docente e investigador funcionario.

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El Procurador del Común concluye así que, en la Comunidad de Castilla y León, «no se reconocen plenamente las retribuciones complementarias ligadas a los méritos individuales del personal docente e investigador». Sin embargo, y como expone a continuación en la resolución, el reconocimiento de los quinquenios por méritos docentes y los sexenios por la actividad investigadora sí contempla «los mismos requisitos» tanto para el PDI contratado como para el funcionario.

Consejería de Educación

Alude entonces el Procurador del Común a la legislación de comunidades autónomas como Murcia, Cantabria o Navarra, que contempla la equiparación salarial de ambos colectivos en base a los principios de equidad e igualdad, para considerar necesaria la modificación del Decreto de regulación del personal docente e investigador contratado de las universidades públicas de Castilla y León de cara a que el PDI contratado «perciba, en las mismas condiciones que el personal funcionario, los complementos personales por méritos individuales», dado que «las características de los puestos de trabajo ocupados, la naturaleza del trabajo desarrollado, las tareas confiadas y la formación requerida son idénticas».

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La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León cuenta ahora con dos meses desde la emisión de la resolución, el pasado 4 de octubre, para comunicar al Procurador del Común, de forma motivada, si acepta o no dicha resolución, tal y como establece la misma en sus párrafos finales.

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