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El Partido Popular de León rechaza frontalmente el nuevo mapa estatal de los servicios de transporte público por carretera, el cual califica de «ataque sin precedentes a la supervivencia de la España despoblada». De acuerdo con este documento, 40 municipios de León perderían su parada de autobús ... , viéndose así perjudicados casi 55.000 habitantes. Los procuradores en Cortes por el PP, Ricardo Gavilanes y David Fernández; así como el portavoz del PP en la Diputación, Paco Castañón, han denunciado esta iniciativa en rueda de prensa.
«Con este nuevo plan concesional se reduce el número de concesiones de 79 a 22. Se reduce el número de rutas, también el número de paradas de 12 a 6 y el número de municipios de 1912 a 495. En concreto, en la provincia de León se van a a quedar sin parada de autobús 40 municipios, una reducción en las paradas que afecta a 54.000 habitantes y que tuvo una demanda de 3.865 personas en el año 2019. Entre esos municipios destacan Almanza, Cistierna o Boñar», describe Gavilanes en declaraciones a los medios.
El PP afirma que la medida del Gobierno es incompatible con la realidad de Castilla y León y se encuentra alejado de las medidas para luchas contra la despoblación y el reto demográfico: «El Gobierno hace 130 medidas contra el reto demográfico y ahora impone esta medida que perjudica a los habitantes del medio rural. Esos ciudadanos no tienen acceso ni a la sanidad, ni a la educación, ni a los supermercados. Es necesario un sistema de transporte por carretera adecuados, públicos y que aseguren la movilidad entre todos los municipios».
Los populares leoneses presentarán mociones en todos los Ayuntamientos para impugnar el nuevo mapa de transporte de autobús interautonómico. Asimismo, Ricardo Gavilanes respondió a Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León, aseverando que este mapa no se trata de ningún bulo y que la propuesta se presentó el pasado 9 de junio. Barcones llegó a decir que la propuesta que se dio a conocer a principios de mes era tan solo un borrador y que no había lugar a las críticas dado que el documento no era firma.
Por último, Gavilanes insistió que la consolidación de este plan llevaría a las comunidades, como es el caso de Castilla y León, a «suplir las rutas que no está abordando el Gobierno de España, realizando una dejación de funciones». En esta misma línea, los procuradores del PP de León reclaman «más diálogo con las administraciones y las asociaciones empresariales dedicadas al transporte por carretera».
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