Preocupa el uso de móviles en la prisión de León: 130 incautados en 5 años

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado, mediante un comunicado público, la creciente problemática del uso de teléfonos móviles por parte de internos en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, conocido como Villahierro, en la provincia de León.

Según la organización sindical, se trata de una situación que «pone en riesgo la seguridad interna del centro» y «dificulta el cumplimiento de la función reeducadora y de reinserción social que debe tener la prisión».

Acaip alerta de que los teléfonos móviles están prohibidos en prisión «porque permiten eludir los controles legales de comunicación» y «favorecen la comisión de delitos desde el interior», como la violencia de género, la coordinación de redes criminales o el contacto con víctimas y cómplices. En ese sentido, subrayan que «su uso afecta directamente a la seguridad del centro y al proceso de reinserción de los internos».

Según datos proporcionados por el Gobierno en respuesta parlamentaria al diputado de VOX por León, Pablo Calvo Liste, entre 2020 y 2024 se han incautado 130 teléfonos móviles en la prisión leonesa. A nivel nacional, la cifra se eleva a 12.882 dispositivos decomisados en centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de los cuales 2.884 fueron incautados solo en 2024, incluyendo 37 en la prisión de León.

Acaip advierte de que los móviles «se han convertido en uno de los objetos más valiosos dentro de prisión, generando un mercado negro que provoca conflictos, violencia y deudas entre internos». También aseguran que «muchos de estos dispositivos están en manos de reclusos especialmente peligrosos», como condenados por terrorismo, violencia de género o miembros de bandas organizadas, quienes «tienen restringidas legalmente sus comunicaciones» y utilizan los teléfonos para «seguir delinquiendo desde el interior».

La agrupación denuncia además las dificultades para detectar estos dispositivos debido a que «son cada vez más pequeños y están fabricados con materiales no metálicos que escapan a los detectores actuales». Esto obliga a realizar «requisas minuciosas que requieren personal especializado y en número suficiente», una necesidad que, según ACAIP, «no se cumple actualmente en Villahierro».

A la entrada de móviles se suma otro fenómeno preocupante: el uso de drones. El sindicato denuncia que «se están utilizando para introducir objetos prohibidos de forma rápida y precisa, sin que los medios actuales permitan interceptarlos de manera eficaz».

Por todo ello, Acaip reclama una «inversión urgente en tecnología de seguridad y un refuerzo inmediato del personal penitenciario». En palabras del sindicato, «la introducción de objetos prohibidos como los móviles desestabiliza la convivencia, fomenta la violencia y pone en peligro el objetivo constitucional de reeducación». Y concluyen: «La seguridad del centro penitenciario de León no puede recaer únicamente en la profesionalidad y vocación de sus trabajadores; hace falta un compromiso real de la Administración».

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