«Me preocupa que la amnistía oscurezca otros problemas que cada día se agravan más»

Lo ha hecho en el marco de una jornada organizada por la Federación Leonesa de Empresarios junto a la Asociación de Juristas para la Defensa de la Democracia, el Bufete Casa de Ley, Aleop CaixaBank y MonteCredit y que se ha dividido en una primera parte con una mesa redonda de expertos y una segunda en la que Sempere tomaba la palabra para charlar «con gusto» de un tema que «interesa a millones de personas».

«El ideal de todo trabajador es llegar a la jubilación», comenzaba Sempere, que explicaba que la prolongación de la esperanza de vida unido al nuevo marco jurídico ha permitido que una norma que hasta ahora «estaba cerrada» se abra. «Hemos pasado de una regla que era la incompatibilidad a otra mucho más matizada con las jubilaciones parciales, anticipadas o activa». Un conjunto de realidades para personas que se han jubilado pero que quieren seguir trabajando y que ha creado un marco «mucho más matizado».

«No es malo para la sociedad que quien cobre la pensión por jubilación trabaje un poquito o mucho, es bueno para el sistema productivo, para la economía y psicológicamente», explica el jurista, al tiempo que señala que «los recursos de la seguridad social son limitados y tampoco es posible pagar las pensiones como si nada, sino que se van estableciendo reglas».

Una nueva situación que ha aumentado el número de litigios en los juzgados pero en ningún momento «de manera preocupante». «Antes apenas se discutía porque la regla era una y era clarísima: si se trabaja la jubilación está mal percibida, se ha incumplido una norma. Al abrirse el espectro se duda, así que sí, crecen los litigios pero no es lo que inunda los juzgados», señala. Por ello desde su posición pide «individualizar la respuesta» con asesoramiento y que «nadie se lance pensando que las cosas son de un modo sin asesorarse previamente porque puede haber disgustos».

En su visita a León y a preguntas de los periodistas el presidente de la Sala no ha rehuido las preguntas sobre la aministía. En tono dialogante y negando haber recibido ningún tipo de acoso, Sempere exponía la realidad de la Sala que preside. «Vivo en una sala de un tribunal donde hay trece plazas y seis están vacantes».

Pese a ello, asegura esforzarse «por convicción» en transmitir un mensaje de «naturalidad». «El estado de derecho tiene resortes, tiene soluciones, pero sucede como a las personas: tenemos buena salud, tenemos medicamentos pero si la enfermedad es muy grave y no nos lo dan cada vez nos agravamos más».

Firme en su posición de no tomar partido ante proyectos «por muy importantes que fueren» porque «los que administramos justicia no debemos tomar parte», Sempere apuesta por «no magnificar las situaciones graves». «Debemos hablarlas, afrontarlas, y forma parte del oficio de jurista articular resortes jurídicos», apunta.

Sin embargo, Sempere sí se muestra preocupado por que el tema de la amintía «oscurezca otros problemas que se agravan si no se abordan incluido la renovación del consejo general del poder judicial, la provisión de plazas o la dotación de medios a los órganos judiciales para conseguir una mejor justicia cada día». Porque «preocupa que resolvemos muy tarde los asuntos» y la salud laboral de las personas que forman parte de los tribunales «empieza a verse resentida». «Hay que preocuparse de mejorar el día a día porque es lo que le llega a los pensionistas, a las empresas, a los trabajadores y a la sociedad en general. Queremos que eso se haga cada día mejor y ahora lo tenemos difícil», concluye.

La presencia de Antonio Sempere se enmarca en la jornada 'La pensión de jubilación y la compatibilidad con el trabajo' organizada por la Federación Leonesa de Empresarios, junto a la Asociación de Juristas para la Defensa de la Democracia, el Bufete Casa de Ley, Aleop CaixaBank y MonteCredit y en la que han participado el catedrático de Derecho del trabajo y de la seguridad social de la Universidad de León, Juan José Fernández Domínguez, el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de León, Carlos Iglesias Alonso, y la letrada de la Administración de la Seguridad Social, Paula Arroyo Hernández.