Una de las vías reformadas por el Ayuntamiento de León.

Llevan al Juzgado la zona de bajas emisiones de León para forzar su suspensión

El grupo municipal Popular presenta un recurso, que ya ha sido notificado al Ayuntamiento de León, contra «la ilegalidad» y exigir una ordenanza que regule las restricciones al tráfico en el centro

Jueves, 23 de enero 2025, 08:12

Avanzaron que tomarían «las medidas necesarias» para preservar los derechos de los leoneses. Todo para exigir «que se cumpla la ley» y dar transparencia a uno de los proyectos que tiene en marcha el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León.

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El Partido Popular ha dado el paso hacia la vía judicial un mes después de anunciar que sería el camino elegido en caso de que el alcalde no diera explicaciones sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad.

El grupo municipal ha presentado un recurso en los Juzgados de León valiéndose del informe del Procurador del Común en el que se exige paralizar y suspender las restricciones a la movilidad del centro hasta que exista una ordenanza que lo regule.

La reclamación fue presentada el viernes 10 de enero y notificada a los abogados del Ayuntamiento de León este pasado viernes 17. Así lo ha confirmado el propio PP, preguntado por este medio, aunque no se ha querido hacer hincapié en esta acción judicial. «Solo podemos decir que vamos a tomar todas las iniciativas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley por parte del alcalde y salvaguardar los intereses de los leoneses», explicaba el portavoz popular David Fernández. «Nuestro objetivo solo es que se cumpla la ley y se garanticen los derechos de todos que el alcalde ha vulnerado». En el grupo municipal recuerdan que «no pueda haber una ZBE sin su ordenanza correspondiente».

La resolución del Procurador

La resolución emitida por el Procurador del Común, en respuesta a una petición de información del Grupo Municipal Popular, pedía que se eliminasen las restricciones a la movilidad hasta que existiese la ordenanza que lo regule.

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El PP calificaba como «engaño e improvisación» el intento de implantar esta ZBE «por la puerta de atrás» en la que el calmado del tráfico anunciado para calles como Gil y Carrasco, Alfonso V o San Agustín acabarían convirtiéndose en zonas restringidas al tráfico y peatonales. Además, ponían el foco en los «problemas» que habían causado dichos cierres ante la pérdida de aparcamiento y un tráfico más lento. «No estamos en contra de peatonalizar, pero mejor hacerlo con sentido común», sentenció su portavoz en rueda de prensa.

La respuesta de la institución ha sido interpretada como «una ilegalidad» del alcalde Diez por «saltarse la ley» para ejecutar el proyecto de Zona de Bajas Emisiones. «Dijo que sería provisional a la espera de ordenanza, pero hubo un decreto para la regulación peatonal. El procurador dice que el propósito es promover la zona de bajas emisiones y se puede restringir el tráfico con un decreto de Alcaldía», exponía contundente Fernández.

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Todas las actuaciones para levantar este área peatonal en diferentes zonas de la ciudad ha supuesto una inversión de seis millones de euros y un «engaño», insiste el PP, que ahora espera que es cumpla con lo resuelto por la institución y que se apruebe una ordenanza con garantías públicas y de participación y paso por el plenario. También se recuerda que la resolución exige una justificación ambiental «muy clara» y una memoria que recoja el impacto económico para vulnerables y pequeñas empresas. Todo ello en base a los términos de «idoneidad, necesidad y proporcionalidad».

Con este recurso, el PP espera la suspensión de las restricciones al tráfico en estas calles hasta que la sentencia judicial dictamine si son legales o no. Del mismo modo instan a elaborar la ordenanza que regule el acceso de vehículos a estas zonas. Por su parte, el alcalde de la capital, José Antonio Diez insistió en la legalidad de las actuaciones. El regidor «comparte en la mayoría» dicha resolución a pesar de que ve «dentro de la legalidad» la situación actual de estas vías.

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Desde el consistorio han recordado que «el Juzgado pide un expediente» y eso es lo que se remitirá esperando «lo que dictaminen».

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