La Policía temió la fuga de Ulibarri a Colombia siete días antes de su detención

Así se entendió desde la Brigada de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales, y desde la Udef, que centraban su trabajo en la actividad empresarial de José Luis Ulibarri Cormenzana (propietario del Diaro de León, además de otras cabeceras, emisoras de radio y la Televisión Autonómica) y sus mercantiles, relacionada con contratos suscritos en diferentes administraciones públicas.

En un oficio remitido al juez Pablo Alonso, los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña vuelven a solicitar una nueva prórroga de la intervención de las líneas telefónicas y de geolocalización de Ulibarri. Tres fueron los móviles con los que operaba el constructor, así como otros tres equipos más que utilizaba para transmisión de datos, sobre los que autorizó el juez.

En el oficio policial presentado en el juzgado de Badalona el pasado 28 de junio, los agentes explicaban al magistrado «el riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas». Se apoyaban en los continuos cambios, desde octubre de 2017, de las dos residencias particulares que utilizaba el empresario (una en una urbanización de Simancas en Valladolid y otra cerca de la calle Príncipe de Vergara en Madrid), así como los de las oficinas de Utebo, en la calle Ayala 95, también de Madrid, y de Hernández Pachecho 14 de Valladolid.

«Desde esa fecha viajaba con asiduidad a Valladolid y a León, e iba a cazar a Soria casi siempre utilizando el transporte público, lo que ha hecho casi imposible abordar la 'balización' del vehículo», justifican.

Además, los agentes comprobaron que en noviembre del año pasado Ulibarri pidió permiso a su exmujer, presente en varias sociedades investigadas, «para ir a dormir a una casa que al parecer tienen en Ponferrada, y de la cual no se ha conseguido establecer su ubicación».

Sin determinar «unas pautas claras de vida» que permitiesen que el empresario iba a ser localizado en Madrid o Valladolid, los investigadores recordaron otro riesgo de fuga.

«A ellos habría que añadir que de las investigaciones telefónicas el investigado tiene inversiones en Colombia (pueden ser legales), y que convive en la actualidad con una mujer de esta nacionalidad con la que tiene un hijo», señala la Jefatura de Cataluña, que añade que «en este escenario, la huida al extranjero se presenta como probable habida cuenta de las circunstancias apuntadas y de su trayectoria como persona acostumbrada».

Por todo ello, los agentes fueron proclives a acelerar los registros y detenciones de los imputados. «La posibilidad de destrucción de pruebas supondría un auténtico varapalo para la investigación», indicaron.

Pero la investigación no solo se apoya en las intervenciones telefónicas. El juez Pablo Alonso autorizó además la instalación de un dispositivo de grabación en las oficinas de la mercantil Utebo Servicios de Gestión, presidida por Ángel Luis García, conocido como 'el patatero', empresario de Astorga ,considerado mano derecha de Ulibarri en la actividad de instalación de semáforos y radares de control.

La grabación se realizó en la sede de la calle Ayala 95 de Madrid el 13 de abril de este año, entre las 10 y las 20 horas. Se trata de conversaciones mantenidas por José Luis Ulibarri que han sido volcadas en dos DVDs ya entregados tanto al fiscal, Jordi Casas Hervilla, como al juez.

En este sentido, el magistrado de Badalona dio instrucciones para que los contenidos que se extrajesen estuvieran referidos al 'modus operandi' de los investigados.

«Fruto de ese aluvión de información se va desgranando la estructuración y funciones de la trama corrupta y sus integrantes, (...) que utiliza una serie de intermediarios a modo de conseguidores, entre los más destacados, al menos en la zona de Castilla y León y Asturias, se hallan José Luis Ulibarri y Ángel Luis García Martín que se conectan con José Alberto Bueno Regodón a través de Roberto Legazpi Gálvez», señaló el magistrado Alonso en un auto judicial.