La policía interpretó una llamada de auxilio de Raquel Díaz como «ruido entre vecinos»

Una comunicación que remitieron a la Policía Municipal de Ponferrada y que se interpretó por los agentes de turno como «llamada por ruidos y molestias».

Fue la primera vez que la mujer dejaba constancia de su situación familiar y, sin embargo, no recibió respuesta a su grito de auxilio. La localización errónea de la emisión de la llamada llegó a la policía a otra ubicación diferente a la finca de Toreno. Acudieron a una calle de Ponferrada donde Pedro Muñoz vivió años atrás con su exmujer y donde aparecía registrado el número desde el que se hizo la llamada, que pertenecía al acusado pero era usado con frecuencia por la víctima.

Los agentes han tratado de justificar su actuación en la tercera sesión del juicio contra Pedro Muñoz, acusado de un delito continuado de lesiones agravadas contra Raquel Díaz.

El intendente jefe de la Policía Municipal de Ponferrada ha aseverado que su relación con el implicado era «estrictamente profesional» y con vehemencia ha defendido que la actuación fue «impecable» porque se hizo «todo lo que estaba en sus manos» para proteger a esa persona.

Sin embargo, esa protección no llegó porque al acudir al domicilio -en una dirección errónea- no se detectó ninguna escena que pudiera ser susceptible de algún tipo de delito o hecho extraño. Y, al devolver la llamada a la terminal desde la que se había tecleado el 1-1-2, ya nadie respondió.

Tampoco se pensó en activar el protocolo por posible caso de violencia de género o en el ámbito del hogar, a pesar de los gritos de la víctima. «Eso lo determina el 112 y a nosotros nos llegó como ruidos». El hecho quedó zanjado como «incidente sin identificar» en una alerta de «ruidos entre vecinos».

Ante un evidente enfado por las reiteradas preguntas formuladas por la acusación particular, en representación de Raquel Díaz, el intendente avanzó que en el inicio de la instrucción, y ante las críticas de su cliente por no acudir a su auxilio, se planteó querellarse contra ella y no lo hizo «por las circunstancias en las que estaba» -parapléjica y con serios daños neuronlógicos-.

El resto de agentes confirmaron la teoría de su superior. «Poco más podemos hacer», insistieron en la justificación de su actuación aquella madrugada de 2018. El 112 tampoco podía comprobar la ubicación del teléfono desde el que Raquel Díaz hizo la llamada, su primera llamada de auxilio dos años antes de los hechos que se juzgan ahora y que casi acaban con su vida.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2020, en la finca que Raquel Díaz y Pedro Muñoz compartían en Toreno -León-. El varón, expolítico en el Ayuntamiento de Ponferrada y en la Diputación de León, está acusado por la fiscalía de un delito continuado de lesiones agravadas que dejaron a su exmujer paralítica y con severos daños neuronales; la acusación pide intento de asesinato. Por estos hechos pasó dos años en prisión y ahora se encuentra en libertad a la espera de sentencia en el juicio que se está celebrando.