María Antonia Díez, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de León. LEONOTICIAS

María Antonia Díez: «Un poder judicial fuerte disminuye la desigualdad en la sociedad»

Maria Antonia Díez, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de León, se encuentra en República Dominicana liderando un proyecto para modernizar la justicia del país caribeño

Leonoticias

León

Martes, 19 de julio 2022, 10:20

La leonesa María Antonia Díez, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de León, se encuentra en República Dominicana liderando un proyecto de carácter jurídico que persigue el hermanamiento de España y Alemania con el país caribeño. Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea ... y coordinada por la FIIAPP -entidad española que promueve la cooperación entre profesionales públicos en todo el mundo-, cuenta con el apoyo y la experiencia técnica del CGPJ y Ministerio de Justicia. Convencida en que un poder judicial fuerte e independiente mejora el estado democrático de derecho y contribuye al bienestar social, esta jueza leonesa atiende a leonoticias en una entrevista en la que explica cómo el proyecto pretende favorecer la modernización de la justicia de República Dominicana, un proceso que se enmarca en el plan estratégico 'Visión Justicia' del estado americano.

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-¿Cómo es ese periplo que la lleva del juzgado en León a trabajar con la Administración de Justicia de República Dominicana?

-Llego a esta labor a través de una sección del Consejo General del Poder Judicial llamada «relaciones internacionales». El Consejo General del Poder Judicial actúa en tres áreas en el ámbito de las relaciones internacionales: Cooperación al desarrollo, auxilio judicial y relaciones institucionales. Esta labor, que ahora estoy ejerciendo, se enmarca en el área de Cooperación al desarrollo, en la que el Consejo apoya a los poderes judiciales de otros países, generalmente con el soporte económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Comisión Europea. La acción internacional del Consejo esta en línea con la política exterior española y europea apoya al Poder Ejecutivo en su política de cooperación al desarrollo, también colabora con otros actores internacionales en el ámbito judicial, como son Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial o el Banco Interamericano del Desarrollo.

-¿Por qué a la justicia dominicana solicita la ayuda de España y Alemania?

-República Dominicana pide un acompañamiento de Europa en el plan Visión Justicia para que, junto con los expertos dominicanos, expertos europeos aporten experiencia y conocimientos, en la búsqueda de una justicia más eficiente, digitalizada y cercana al ciudadano, buscando también la integridad y transparencia de la institución.

-¿Cuáles son esos elementos en los que ustedes les están asesorando?

-El acompañamiento se produce sobre todo en materia relacionada con la digitalización, les estamos acompañando en la elaboración de flujogramas, en la incorporación de las TICs al sistema para conseguir una justicia más rápida y de mayor eficacia en la resolución de asuntos, en abordar mecanismos de aceleración del proceso penal. También en la elaboración de los reglamentos disciplinarios, en la transparencia de la institución y en la creación de modelos de evaluación del desempeño de las tareas jurisdiccionales.

-¿Qué aspectos son los que necesitan de una mayor actualización?

-En especial los temas relacionados con la digitalización que mejorarán, sin duda, la prontitud, la calidad y la cercanía de la justicia, pudiendo establecer indicadores rápidos y seguros del desempeño.

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-Los tiempos en la justicia es una crítica habitual por parte de la ciudadanía espñaola, ¿ocurre esto también en República Dominicana?

-Sí, claro, en República Dominicana suman el factor de la falta de digitalización de la justicia lo que hace que los procesos sean aún más lentos.

-¿Cómo se puede atajar esa coyuntura y asegurar un trato justo?

-Hay muchos sistemas, utilizando las TICs y la gestión eficaz por resultados que permiten atajar esfuerzos y conseguir una justicia más pronta sin afectar para nada al tratamiento del proceso, siempre que se velen por las garantías necesarias que protegen la tutela judicial efectiva, pero existen mecanismos eficaces para proteger esas garantías en la digitalización de los procesos.

-¿Había trabajado en proyectos similares anteriormente?

-Sí, el año pasado colaboré con Perú en la realización del Plan Estratégico de la Academia de la Magistratura, que es la escuela de los jueces y fiscales de Perú.

-¿Cuál es la labor que desempeñará en ese país?

-Consiste en coordinar los conocimientos de los expertos europeos con las prioridades que marque la República Dominicana, poniendo con conexión a los expertos dominicanos con los europeos, elaborando el plan de trabajo.

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-¿Españoles y alemanes se reparten tareas o desarrollan conjuntamente la misma?

-El proyecto tiene tres componentes: crear un modelo de gestión integral basado en la calidad; mejorar la calidad y satisfacción de los servicios a través de las TICs; y reforzar la integridad y transparencia del Poder Judicial Dominicano. Alemania, junto con España y como socio junior, participa en el segundo apartado.

¿Durante cuánto tiempo se extenderá este proyecto?

-Tiene una duración de 24 meses y permaneceré en República Dominicana durante todo el periodo. Espero que el avance en este país de la digitalización del Poder Judicial sea exitoso y arrastre al resto de administraciones públicas dando lugar al aumento de interoperabilidad necesaria para que la administración pública funcione de forma eficiente en todos sus servicios y esto contribuya a mejorar la vida de los dominicanos, sin desconocer que el proceso será largo y costoso.

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-En España, el poder judicial se encuentra más cuestionado que nunca con la polémica que PP y PSOE están suscitando con la reforma del CGPJ. ¿Deben ser los jueces los que elijan a los jueces?

-Este es un debate que persiste entre los miembros del poder judicial, algunos jueces consideran que debe ser así, pero no todos, pues otros consideran que si la justicia emana del pueblo español en el que reside la soberanía nacional, y son las Cortes Generales las que representan a ese pueblo, los titulares del poder judicial deben ser gobernados por un órgano cuyos miembros sí tengan, al menos indirectamente, una legitimación popular, si bien, yo creo que todos los jueces en lo que sí estamos de acuerdo es en que deben existir mecanismos que no perjudiquen la independencia judicial, ni a los órganos del estado, se siga la interpretación que se siga, ya que, una cosa es el poder judicial, que corresponde exclusivamente a los jueces y magistrados, y otra la potestad administrativa que, en relación con aquéllos, se atribuye al Consejo General del Poder Judicial.

-¿No cree que estas cuitas políticas han debilitado la imagen que los españoles tienen del poder judicial?

-Todo lo que se hace mal debilita la imagen de una institución, si bien de los errores se va aprendiendo y la crítica inteligente es la que saca una lectura de los errores para que no se repitan. El poder judicial no sólo son las luchas de poder, sino la tarea de todos los servidores jurídicos que trabajan día a día por dar una respuesta a los ciudadanos que la piden.

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Parte de ese debilitamiento proviene de la falta de medios, ¿en qué situación se encuentran los juzgados de León?

-En los años que llevo en la carrera judicial, he pasado sólo los seis últimos años en León, mi opinión de la administración de justicia aquí, más allá de los problemas generales que siempre hay en la justicia, no puede ser mejor. Por supuesto que hay carencias en León, de jueces, de material, el ejemplo lo tenemos en la reciente creación del juzgado de lo social, pero siento que todos estamos en el mismo barco y he sentido que todos ponen siempre al ciudadano en el centro del sistema, haciendo todo lo posible porque estos sientan lo menos posible las carencias.

-A los ciudadanos nos debería preocupar que la funcione bien porque...

-Porque un poder judicial fuerte e independiente, mejora el estado democrático de derecho y contribuye al bienestar social facilitando la existencia de sociedades en las que disminuyen las desigualdades y crea sociedades más justas e inclusivas. Es importante que nos cuestionemos si el mundo por el que trabajamos es el que queremos y, si no lo es, cómo podemos mejorarlo, desde dónde estemos o allá dónde vayamos.

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