El pleno municipal dedica una hora en su único debate a una Ley Celaá sin competencias

Antonio Silván ejerció de ponente de una moción que instaba al Gobierno de España a volver al pacto constitucional y su doctrina en educación que garantice el derecho de las familias a elegir el modelo educativo de sus hijos y la elección de centro, así como extender la gratuidad de las etapas postobligatorias y de infantil y garantizar la educación especial y la concertada.

«Esta ley elimina el español como lengua vehicular de la enseñanza y afecta a 20.000 familias que acuden a los 20 centros de concertada y especial de la ciudad», defendía el portavoz del Grupo Municipal Popular, quien invitaba a todas las formaciones «a dar un paso adelante para que todos los leoneses accedan a una educación justa y de calidad y con un principio de igualdad». Silván ha insistido en que «en la educación de mis hijos decido yo y no el estado» y que esta ley lo que hace es «de la mediocridad el camino» por permitir pasar de curso con suspensos.

La concejala de Educación, Evelia Fernández, quien se explayó en su argumentario y obligó al propio alcalde a solicitar más concreción, recomendó al popular «leerse la ley antes de criticar y no dejarse llevar por la corriente y las directrices de su partido». La edil socialista desgranó los parabienes de esta LomLoe que supone «un salto hacia un modelo avanzado, contemporáneo e inclusivo» que deja atrás «una Ley Wert que tuvo el rechazo del 90% del profesorado». Además acusó en varias ocasiones de mentir a Antonio Silván y descartó que fuera a desaparecer la concertada o la educación especial.

Más al grano fue Elena Lafuente, la nueva concejala de Ciudadanos León, quien señaló que la ley «castiga a la concertada y la especial» y que ello les lleva a tomar partida «para garantizar a los leoneses un sistema excelente y con libertad de elección».

Inclinó la balanza hacia PP y Ciudadanos la abstención de Unión del Pueblo Leonés, quien lamentó que se pretenda «seguir utilizando ideológicamente la educación en este país. Es vergonzoso que no sean capaces de ponerse de acuerdo en una ley que garantice derechos educativos y estabilidad», sostuvo el edil leonesista, quien criticó el actual sistema con el que «para los catalanes la historia acaba en el Ebro y que en Castilla y León utiliza una ucronía para obviar al Reino de León en la reconquista». Todo ello antes de anunciar su abstención porque «no estamos ni a favor ni en contra, no se puede seguir jugando con la educación». Compartió esta postura Nicanor Pastrana, de Podemos-Equo, aunque votando en contra de la moción, porque aseguraba que «no se puede volver al pacto constitucional del que nunca se ha salido».

El alcalde tomó la palabra para recordar que estos debates «se resuelven en el Congreso, y no en el Ayuntamiento», por lo que se negaba a que el 70% de los debates que se llevan al pleno no sean de competencia directa. «Nos interesa todo lo que pasa en España, pero no tenemos capacidad para ello».

Afeó esta intervención de Diez el exregidor, Antonio Silván: «Cuando le interesa hace oído sordos, pero cuando no le interesa lo pone en evidencia», apuntó el portavoz del PP, quien también disparó hacia Evelia Fernández (PSOE) por «tenerse aprendido el ideario socialista» y el «trilerismo político» del pleno. También se dirigió a López Sendino (UPL) al que pidió «mojarse» por las 20.000 familias leonesas afectadas y criticó que su formación se acerque «a un grupo antiespañol, independentista y republicano» como Compromís. Esto se lo recriminó el concejal de UPL, quien pidió a Silván la misma vehemencia en su etapa como consejero en la Junta para defender el leonés.

Incluso la votación tuvo momentos de tensión al no poderse ver en la pantalla los votos de Fernando Salguero (PP), Gemma Villarroel (CS) y Susana Travesí (PSOE), ante lo que Silván tildó de «casualidad» que la imagen fallase en el momento de la votación.

La solución llegó dando como bueno el voto a viva voz de los tres y que permitía aprobar la moción con los votos a favor de PP y Ciudadanos, y la abstención de UPL, por lo que el Ayuntamiento de León instará al Gobierno de España a retirar esta nueva ley educativa.