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Con menos gente y más mujeres, pero con aura muy similar a aquel inicio de una fracasada Mesa por León, «mal llamada», según los sindicatos. Misma sala y muchas caras conocidas para asentar la base del futuro de una provincia que se agarra al epitafio de aquella agencia como ruta para lograr un plan de emergencia con horizonte 2030.
La resaca de la segunda manifestación del 16-F, celebrada hace ya más de un mes, sigue dando coletazos entre reuniones de mucha palabrería y poca ejecución. Así lo denuncian los convocantes, que siguen esperando gestos, y menos política, para pasar de las musas al teatro.
Tras el encuentro con el subdelegado del Gobierno, que aún no ha arrojado ningún tipo de resultado, y otras citas con Izquierda Unida o Unión del Pueblo Leonés, los sindicatos se han medido esta vez a la Diputación de León en el Palacio de los Guzmanes.
Enrique Reguero, secretario general de UGT León, insistía en un mensaje: «Tienen que reconocer que León tiene un problema». Y exigía al equipo de Gerardo Álvarez Courel que «asuma y pida» competencias a la Junta de Castilla y León para que sean transferidas a la Diputación. «Hay que tener un gobierno de gestión propia». Para ello se plantea recurrir a una reforma del Estatuto de Autonomía que implique cambiar la ley que fija competencias y, de esa forma, «descentralizar» la comunidad para que la provincia gestione su propia educación, sanidad, empleo o red de carreteras.
Por el lado institucional, se ha presentado el Plan de Desarrollo Económico y Social que surgía de la extinta Mesa por León y que trabajó la coordinadora Humildad Rodríguez. «Nos mostraron sectores a apostar de cara a 2030; es un trabajo hecho, pero tienen que asumirlo el Gobierno, la Junta y la Diputación», por lo que les han pedido que lo presenten en el Congreso y en las Cortes para dotar al documento de presupuesto.
Elena Blasco, reelegida recientemente secretaria general de CCOO León, avanzaba que están pendientes de una reunión con la Junta para avanzar en proyectos para la provincia. Mientras, en la cita en los Guzmanes han dejado claro su «malestar» por tener que ser el lado social quien forzará este encuentro un mes después de la manifestación del 16-F. «Estamos en alerta total y no tenemos tiempo. Necesitamos la implicación directa de las administraciones, que son las que tienen que presupuestar». Una solución que no debe ir por el camino de los fondos Miner y deben ser inversiones complementarias, no sustitutivas, que conviertan en realidad una estrategia de desarrollo.
Por su parte, desde CGT su secretaria de Organización, Eva González, lamentaba que los sindicatos recurran a las administraciones «y no al revés» porque exigía que demostraran que están involucrados en, por ejemplo, estrategias de fijación de población.
Además, Antonio Nicolás, de USO, recordaba que casi hace un año que se aprobaba en esta casa -Diputación de León- la moción por la autonomía leonesa y apremiaba a seguir ese camino «para conseguir competencias impropias con un presupuesto». Por ello pedía «seriedad» ante los problemas y ejecutar un plan urgente que mejore las condiciones de la provincia, aunque la institución provincial evidencie «una gestión nefasta» al no lograr ejecutar buena parte del presupuesto del que dispone.
El presidente de la Diputación de León, en un audio remitido a los medios, ha ofrecido a los sindicatos que le presenten «unas diez propuestas» que consideren proyectos «vitales y tractores» para la provincia y que la institución pueda trasladar a la Junta y el Gobierno.
En la reunión «de necesidades» para esta tierra, el máximo representante provincial ha recordado que «no dejamos de implicarnos» con los pueblos y ha enumerado las actuaciones de León Sostenible y los planes de empleo, que cuentan con 15 millones de presupuesto. «Estamos subidos al mismo barco: que la provincia salga adelante».
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