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La decisión del Tribunal Supremo de admitir las medidas cautelares solicitadas por el Estado de la Nación en relación con el toque de queda, «que arbitrariamente habían acordado tanto el Presidente de la Junta, señor Mañueco, como el vicepresidente, señor Igea, y la Consejera de ... Sanidad, Verónica Casado, ha demostrado la arbitrariedad rayana en el delito de prevaricación administrativa, cometido por estos tres personajes que, saltándose la legalidad vigente y saltándose las normas contempladas en el Decreto de Estado del Estado de Alarma, decidieron establecer un cierre a las 20.00 horas, cuando en el resto de comunidades autónomas, cumpliendo precisamente esa legalidad vigente, se sometieron al cierre a las 22.00 horas».
Desde UPL consideran que esta decisión judicial «que avala la ilegalidad de la decisión de la Junta de C. y León, debe de suponer la dimisión inmediata tanto del presidente de la Junta, Mañueco, como del vicepresidente, Igea, y la consejera, Casado, que a sabiendas se saltaron la legalidad vigente en perjuicio de todos los leoneses y todos los castellanos».
En la misma línea, instan a todas las empresas y autónomos «que se hayan visto perjudicadas con la decisión arbitraria de la Junta para que reclamen en responsabilidad administrativa contra la Junta por los perjuicios ocasionados, si bien, esas responsabilidades administrativas no pueden ser cargadas para que sean satisfechas por los ciudadanos, vía recursos de la propia Junta, sino que deben de ser satisfechas por estos tres iluminados, personalmente que se saltaron la legalidad vigente».
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