Las pensiones y el sueldo de funcionarios suben un 0,9%, mientras el SMI se mantendrá en 950 euros

El nuevo año, en el que se espera una recuperación económica del impacto del Covid-19, comenzará con nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), los primeros del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

En ellos se recoge que el salario de los funcionarios se actualizará un 0,9 por ciento, a lo que podría sumarse una parte variable correspondiente a 2020 y derivada de los fondos adicionales que se está negociando, siguiendo el acuerdo suscrito por el último Ejecutivo del PP con los sindicatos.

También se incrementarán un 0,9 por ciento las pensiones con carácter general y un 1,8% las no contributivas. En la ley se destaca que para 2021 se mantiene el poder adquisitivo de los pensionistas, que «recibirán antes del 1 de abril de 2022 y en un único pago» una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2021 y la que hubiere correspondido de haber aplicado al importe de la pensión vigente a 31 de diciembre de 2020 un incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021.

Por su parte, la edad de jubilación se elevará a 66 años para quienes tienen menos de 37 años y tres meses cotizados y quieren jubilarse con el 100% de la pensión, según dicta la reforma de pensiones de 2011. Quienes hayan cotizado más de ese periodo podrán seguir jubilándose a los 65 años.

Cabe recordar que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo aprobó el pasado mes de noviembre 21 recomendaciones para reformar el sistema de pensiones. Entre ellas, destacan la actualización de las prestaciones con el IPC real y su garantía por ley, instar a que las cotizaciones sociales financien exclusivamente prestaciones contributivas y el resto se sufrague con impuestos y aconseja favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria y a acercar la edad efectiva de retiro a la edad legal.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debe plantear las medidas concretas para dar cumplimiento a las recomendaciones y ya ha propuesto como líneas generales promover la jubilación demorada con mayores incentivos y con fórmulas de compatibilidad del trabajo y la pensión, así como corregir los elementos «distorsionantes» de las jubilaciones anticipadas voluntarias dado que los coeficientes reductores de la pensión repercuten en mayor medida sobre quienes han cotizado por una base menor. Además, baraja la posibilidad de extender el periodo de cálculo para las pensiones de 25 a 35 años cotizados y va a crear un fondo para promover los planes de pensiones asociados al empleo para complementar la cuantía pública.

En cuanto a la situación financiera de la Seguridad Social, las aportaciones que el Estado realizará en 2021 serán un 83,3 por ciento superiores a las de 2020 para financiar prestaciones de carácter no contributivo, el Ingreso Mínimo Vital o cubrir complementos a mínimos, además de un préstamo de 13.830 millones para equilibrar su situación.

Respecto a otras prestaciones de la Seguridad Social, cabe destacar que a partir de hoy se igualan los permisos por nacimiento y cuidado del menor de los dos progenitores, que serán de 16 semanas.

El salario mínimo comenzará en los 950 euros brutos por 14 pagas, la misma cuantía de 2020, cuando se incrementó un 5,6 por ciento.

El Gobierno ha decidido una prórroga «hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2021 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores», que exige una consulta previa a los agentes sociales. El 8 de enero está prevista una nueva reunión.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido un incremento de «30 céntimos al día», que equivaldría al 0,9 por ciento. Desde su departamento quieren que la subida se acometa «cuanto antes». Mientras, en la parte socialista del Gobierno, miembros como las vicepresidentas primera y tercera, Carmen Calvo y Nadia Calviño, así como la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, han abogado por posponer el aumento hasta que haya una mejoría de la coyuntura económica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que los empresarios necesitan un alivio económico para «poder sobrevivir» y que el SMI ha subido un 29% en dos años.

Entre los agentes sociales no hay acuerdo por el momento. UGT defiende un incremento del entorno del cinco por ciento, que lleve el salario mínimo hasta los 1.000 euros mensuales, y CCOO propone tener como referencia tanto el salario medio pactado en convenio, que en noviembre alcanzó una subida del 1,89 por ciento, como el incremento de las pensiones mínimas, que será del 1,8 por ciento el próximo año.

Desde CEOE y Cepyme creen que «no es el momento» de aplicar un nuevo incremento y advierten de que un nuevo repunte afectará negativamente al empleo. Cepyme calcula que elevar el SMI a 1.000 euros costará entre 85.000 y 135.000 empleos en 2021 y 2022.