Penas de siete y cinco años de cárcel para la pareja que grabó a las jugadoras de un equipo de fútbol

La condena dista mucho de las penas solicitadas por las acusaciones particulares, ejercidas por los abogados Jaime Carvajal y Alberto Rendueles Vigil, en representación de las jugadoras del Grisú e incluso de la solicitada inicialmente por el Ministerio Fiscal. Pedían 29 años de cárcel para el exentrenador del Grisú y siete años y medio para su novia. Petición que la propia Fiscalía modificó en las conclusiones presentadas tras la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de León los días 18 y 19 de noviembre.

El propio fiscal, Ismael Tascón, llegó a calificar esa petición de «desproporcionada» teniendo en cuenta los informes psiquiátricos practicados al principal acusado y porque este «no llegó a tocar a las chicas», defendió durante el juicio.

Pero los condenados no solo fotografiaron a sus compañeras de equipo. La exjugadora filmó a sus hermanas, una con discapacidad psíquica severa y la otra, una niña de tan solo tres años, en posturas explícitamente sexuales. Reconoció que lo hizo porque se lo pidió su pareja y porque para ellos era «como un juego». También se hicieron pasar por productores musicales para intentar captar a una menor en San Sebastián. El condenado llegó a proponerle mantener relaciones sexuales. Fue esta menor quien acabó denunciando los hechos que dieron pie a la investigación y a la confesión en el cuartel de la Guardia Civil de Villablino, León, por parte de la condenada. De ahí que toda la instrucción judicial y la vista oral se celebrara en León.

El fallo dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León y al que ha tenido acceso El Comercio ha tenido en cuenta varios factores a la hora de rebajar la pena de los condenados. En el caso del que fuera segundo entrenador del equipo femenino del Grisú han pesado a su favor sus «alteraciones mentales».

Según la sentencia, el hombre presenta un trastorno mental con inclinación sexual tipo fetichismo así como de adaptación y reacción depresiva prolongada y una personalidad inmadura. «El estado mental que presenta el acusado es perfectamente compatible con el conjunto de desviaciones o anomalías de su conducta sexual» recoge el fallo; también que «ha quedado demostrado» que el ahora condenado «tiene una evidente desviación del objeto sexual, orientado hacia niños y fetichismo». La prueba practicada durante la vista oral revela que como consecuencia de todo ello «tiene una limitación de la capacidad de actuar», es decir, «no tiene capacidad intelectual dentro de la normalidad que le permitiera conocer la ilicitud de los hechos» por lo que «su imputabilidad está disminuida».

Todo esto le ha servido de atenuante, así como la reparación del daño a las víctimas tras el pago de 16.000 euros en concepto de responsabilidad civil. El hombre también ha sido condenado a diez años de libertad vigilada por cada víctima del delito de uso pornográfico a menores y a cinco por el de captación de menores. Y deberá someterse a un tratamiento y seguimiento psiquiátrico y no podrá acercarse y comunicarse con sus víctimas durante cinco años.

Por su parte, su pareja, la que fuera jugadora del Grisú y quien fotografió a las jugadoras desnudas, ha sido condenada a seis años de cárcel, cinco de libertad vigilada por cada delito de uso pornográfico de menores y tres por el de captación de menores así como la prohibición de acercarse a sus víctimas durante treinta y tres meses. Se le han tenido en cuenta los atenuantes de confesión, colaboración con la investigación y reparación del daño.

El fallo también señala que del «abundante material pedófilo» incautado en los ordenadores del domicilio del condenado en Oviedo -fotografías de contenido sexual de «mujeres aparentemente menores de edad» así como «material pornográfico» de la misma índole-, no se tiene constancia de que haya sido «compartido o comercializado con terceras personas».

Esta sentencia, dictada por la Audiencia, no es firme y puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.