El peligro de las 'desokupaciones' en León: dejan en la calle a una mujer y su hija menor

En la jornada de este martes 19 de septiembre, una empresa leonesa que se dedica a este tipo de servicios dejó en la calle a una mujer y su hija menor de edad «con un contrato de alquiler y las facturas al día», según denuncia su abogada que ya anuncia que tomará medidas legales, «que es cómo se deben hacer estas cosas».

El problema de las desokupaciones es que la empresa no investiga más allá de la propiedad del piso, los acuerdos legales y el cobro de una minuta por sus servicios que puede rondar los 3.000 euros. «Esta mujer está empadronada en el domicilio y pagando los consumos», asegura a leonoticias Begoña, la abogada de la afectada por el desalojo.

«Mi representada mantenía una relación con un hombre que falleció el pasado mes de mayo y tiene una hija fruto de esa relación», asegura la letrada. El caso que defiende es que la mujer tiene un contrato de alquiler firmado por su pareja, pero a su nombre y que «él dejó pagado hasta diciembre, según dejó manifestado», aunque la abogada aún no ha podido comprobarlo.

Por su parte, los propietarios de la vivienda aseguraron en la jornada previa a leonoticias que habían rescindido el contrato con la pareja de la mujer desalojada hace ahora cinco meses, el cual falleció el pasado mayo.

La empresa encargada de la desokupación ha insistido en que su cliente, el propietario de la vivienda, no tiene ningún contrato firmado sobre ese inmueble ya que el pasado 14 de abril firmó la disolución del mismo con el ahora fallecido. En esos momentos, se adeudaban varios meses y gastos corrientes, por lo que el propietario se quedó con la fianza.

La empresa aporta, además de este contrato, el pago único de una fianza por parte del arrendador y los recibos a nombre del propietario del inmueble. Desde Rucar, aseguran que la mujer no presentó ningún documento ni acuerdo por el que estuviera autorizada para vivir en el inmuebla e insisten en que «la polícia fue testigo de todo y ella tuvo que irse al no poder justificar nada de lo que decía».

Begoña, la abogada de la mujer, asegura que si el propietario de la vivienda no estaba de acuerdo tenía que acudir al Juzgado y poner una denuncia para que un juez sea quien determine la legalidad de los hechos de una u otra parte, pero no contratar estos servicios. «Esto se ha convertido en el salvaje oeste y la ley está para todos, por pagar 3.000 euros no tienes derecho a saltarla», lamenta la letrada de la mujer desalojada.

«España es un estado de derecho, no se puede actuar así. Si quieres unos zapatos no puedes ir a una tienda y cogerlos. Pues esto es igual», finalizan desde el despacho de Abogados Julián remarcando que tomarán medidas legales para que esta situación no quede impune.

«Mientras un juez, no declare que ese contrato no es válido o no deje constancia de si se ha incumplido alguna cláusula, el contrato está en vigor, y el de esta señora lo estaba», asegura la letrada.