Los parlamentarios nacionales del PP apoyan a Esclerosis Múltiple en su lucha por lograr un mínimo del 33% de grado de discapacidad

La iniciativa aprobada el pasado jueves en la Cámara Baja insta al Gobierno PSOE-Podemos «a atender las peticiones de las asociaciones de enfermos de Esclerosis Múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas», pidiendo al Ejecutivo «modificar los baremos utilizados para determinar el grado de discapacidad, debiendo reconocer, en el plazo de un mes, tras el diagnóstico médico confirmado de enfermedades neurodegenerativas un porcentaje mínimo de discapacidad del 33%, como corresponde a la especificidad, la realidad y las necesidades diarias que genera la evolución de estas enfermedades, con plenos efectos hasta la obtención del porcentaje definitivo de discapacidad al que tenga derecho la persona con esta enfermedad«.

Además, los populares añadieron la propuesta de adoptar «en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, las medidas oportunas para atender las peticiones de las asociaciones de enfermos de Esclerosis Múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, referentes a la creación de un nuevo tipo de discapacidad basado en la tipología propia de estas enfermedades».

Lorena López ha compartido en la reunión las dificultades por las que ha pasado este colectivo en los últimos meses, en un «año dramático, en el que el miedo a la pandemia se ha sumado a una enfermedad degenerativa sobre la que aún no hay certezas de las consecuencias de la COVID»; una enfermedad con mil caras, en la que cada paciente es diferente.

La presidenta ha señalado que la suspensión de las actividades presenciales ha supuesto un paso atrás en la recuperación motora de los enfermos, un gran retraso en las sesiones de rehabilitación que ha supuesto un gran deterioro para ellos.

A esta situación se une, en el caso de la asociación en León, la falta de recursos económicos, ya que es la única de la Comunidad que tiene que pagar el alquiler del local; no pueden utilizar uno compartido de apenas nueve metros ya que necesitan un espacio para ofrecer terapias físicas y presenciales para sus usuarios.

Este colectivo, que agrupa a 400 enfermos en la provincia, no ha logrado ayuda por parte del Ayuntamiento de León, que este año además redujo las ayudas a las asociaciones. Como ya ha comentado en otras ocasiones, ni siquiera han recibido una llamada del equipo de gobierno durante la pandemia, seguimiento y relación que sí han mantenido con el PP municipal y, especialmente, con la concejala Aurora Baza.