La pandemia ratifica nuestro marco constitucional de convivencia

Este infortunado año 2020 lo ha cambiado todo, ha modificado nuestros hábitos, ha dejado, lo sigue haciendo, desgarros y roturas en nuestra sociedad, que persistirán y cuyas heridas costará tiempo y esfuerzo reparar y restaurar.

La pandemia también ha puesto a prueba la fortaleza y la responsabilidad de la ciudadanía española, una fuerza y una unión que nos permitirá alcanzar la normalidad, trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, codo con codo, sin reproches y de forma generosa, al igual que lo hicieron los padres constituyentes en momentos duros y difíciles.

El 6 de diciembre de 1978, millones de hombres y mujeres aprobaron en referéndum una Constitución democrática tras casi 40 años de dictadura. Hoy, 42 años después, la inmensa mayoría de quienes votaron aquel día tienen más de 65 años. Una generación que en 2020 ha sido golpeada con más dureza que ningún otro grupo de edad por esta pandemia.

Este día, y este año, no sólo homenajeamos a la propia Constitución, rendimos tributo a la gran generación de españoles que, con su voto mayoritario, hizo posible que España se constituyera en un Estado social y democrático de Derecho, tal y como establece el Artículo 1º de la Carta Magna.

Un motivo más que suficiente, además de toda la experiencia y sabiduría que nos han transmitido, por el que este año debemos honrar especialmente a nuestros mayores, a los que hemos perdido por causa de la Covid-19, a los que han sufrido la soledad de los hospitales o del confinamiento, sin poder ver a sus familiares para evitar el contagio, también a los que han sobrevivido a la enfermedad y a los que nos rodean.

Por todas estas razones, tenemos la responsabilidad de ser aún más conscientes de la vigencia de los valores colectivos consagrados en nuestra Constitución y de seguir defendiéndoles, al menos tanto, o más, como lo hicieron las generaciones pasadas.

Las grandes adversidades, como lo es esta pandemia, nos están demostrando que juntos, como sociedad, es como podemos librar la verdadera batalla contra este virus, una situación en la que el valor de los servicios públicos cobra un significado muy relevante. Hemos afianzado nuestra confianza y reforzado la valoración que tenemos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, de los servidores públicos en general, y muy especialmente de los servicios públicos de salud.

Esta situación también ha supuesto un ejercicio muy importante de coordinación y colaboración entre los tres niveles de la administración española (la AGE, las CCAA y la Administración local), una cogobernanza basada en el principio de solidaridad territorial, tal y como propugna la Ley Fundamental del Estado, para hacer posible la colaboración necesaria para afrontar momentos tan difíciles como el que estamos viviendo.

La mayor virtud del pacto constitucional que las fuerzas políticas alcanzaron hace 42 años radica en la paternidad compartida del texto constitucional, en el consenso, entendido como instrumento de renuncia, y de la generosidad y la responsabilidad de quienes asumieron la necesidad de primar el acuerdo sobre la imposición. El propio texto refleja con claridad la pluralidad ideológica en la redacción de una norma que integra diferentes sensibilidades y ha servido para garantizar el mayor periodo de progreso y estabilidad de nuestra historia.

El pacto constitucional nació del compromiso con la libertad de millones de españoles decididos a superar uno de los períodos más sombríos de nuestra historia. Desde la Constitución derrotamos al terrorismo; desde la Constitución superamos las consecuencias de escenarios económicos muy adversos; desde la Constitución avanzamos en el estado autonómico, reconociendo nuestra diversidad territorial como fuente de riqueza y no de conflicto.

Y desde una Constitución europeísta en su génesis y articulado, vamos a superar las consecuencias económicas de esta pandemia, impulsando a la vez las grandes transformaciones a las que debe hacer frente nuestro país en esta nueva década. Contando, para ello, con el impulso decidido de la Unión Europea y las esperanzas que la ciencia, con las vacunas, nos proporciona para erradicar esta pandemia.

Por todo ello, debemos estar orgullosos y satisfechos con nuestra Constitución. Nuestro país es una democracia consolidada, solvente y reconocida internacionalmente.

La Constitución Española garantiza los derechos fundamentales y las libertades públicas. Dentro de esos derechos está la seguridad, entendiendo ésta en su sentido más amplio, abarcando incluso el riesgo de la salud, el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Unos derechos que no deben interferir, y de hecho no ha ocurrido durante esta pandemia, con el derecho que tienen los españoles a elegir residencia y a circular por el territorio nacional.

Y el Gobierno, amparándose en la Constitución, en el art. 97, ha dirigido la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, siempre manteniendo las garantías constitucionales del Título 1. Unas garantías que también quedaron aseguradas en la justificación de la declaración del estado de alarma, art. 116, con el fin de que la Administración Publica pueda servir con objetividad y eficacia los intereses generales.

Todo ello con el objetivo de salvaguardar un bien superior como es la salud pública, pero también todo ello con las máximas garantías de respeto al ordenamiento jurídico. Incluso, en ciertos casos, el Poder Judicial ha corregido alguna de las disposiciones acordadas por la correspondiente autoridad competente, quien por supuesto ha acatado esa corrección, modificando la disposición afectada. El principio de legalidad ha sido respetado.

Una vez más, después de 42 años de vida, la Constitución Española ha demostrado ser un vehículo ágil, moderno y útil para garantizar la salud de toda la ciudadanía española, también la democrática. Una vez más, la Constitución Española ha servido y sirve para proteger a todas y a todos las/las ciudadanas y ciudadanos y a promover el bien común.

Faustino Sánchez Samartino, Subdelegado del Gobierno en León