PP y VOX se oponen a la iniciativa de UPL para que la Junta haga frente a los gastos de los centros educativos públicos asumidos por los ayuntamientos

La procuradora de UPL en las Cortes, Alicia Gallego, defendió la Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Educación y puso de manifiesto que estos centros educativos no sean de titularidad local se encuadran en edificios de titularidad autonómica por lo que los gastos de mantenimiento y conservación deben ser costeados por esta institución como reza la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las materias que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL). En concreto, el artículo 25.n).

Y es que «efectivamente esta competencia autonómica» recae habitualmente en los ayuntamientos, como es el caso de Santa María del Páramo, donde Gallego es alcadesa, y que tiene que solventar los gastos de limpieza, agua y luz sobre los que se ha producido un incremento excesivo por la COVID-19 y después por el conflicto bélico en Ucrania con el crecimiento de los costes de combustibles y de electricidad y la actualización del IPB.

Pero, mientras se triplican los gastos de combustible y electricidad en este centro hasta los 60.000 euros, la ayuda de la Junta «no llega ni a los 9.000 euros». Una situación que hace que las instalaciones, con más de 40 años de antigüedad, «están cada vez más deterioradas y afectando a los niños y niñas que son los que pasan tantas horas en estos centros».

La procuradora leonesista insistió en que cómo es posible que ahora con tantas ayudas para buscar la eficiencia energética «no se ha hecho una modificación en los centros educativos con la implantación de placas solares o con calderas más eficientes» y que propiciaría que los más pequeños «puedan ser conscientes de estos cambios tan necesarios en la sociedad».

Así, desde UPL se demandan cambios energéticos a la asunción de competencias por parte de la Junta en materia de gastos de combustible y con ello «no abusar de las administraciones más próximas como son los ayuntamientos». Estas son las instituciones que «siempre van a estar para defender los intereses de nuestros vecinos a pesar del olvido que sufren por parte de la Junta».

Una administración que no deja de decir que trabaja por y para el mundo rural, pero que no se muestra con inversiones. En el caso de Santa María del Páramo, detalló, el ayuntamiento ha tenido que poner 400.000 euros «para que nuestros más pequeños no tuviesen humedades en el colegio y donde la conservación y el mantenimiento absorbe ya una importante parte del presupuesto por la dejación de funciones de la Junta».

En este sentido, reclamó el apoyo a esta PNL a VOX después de llevar esta misma cuestión al Ayuntamiento de Zaragoza e incidiendo en que debería ser el Gobierno de Aragón el que hiciese frente a estos gastos. Otro ejemplo más de «la total incoherencia» de VOX, que parece que «aquí quieren que sean los ayuntamientos con recursos municipales hagan frente a estos gastos, cuando bien podrían destinarse para otros fines».

«No hay dinero para placas o sistemas energéticos renovables, pero sí que lo hay para subvencionar la modernización de calderas de las que se benefician los procuradores del PP», concluyó.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha roto el voto en la coalición de gobierno, PP-Vox, en la comisión de Educación al solicitar que se garantice la educación gratuita a los alumnos de educación especial de 1-3 años.

En concreto, la iniciativa parlamentaria ha solicitado que se adopten las modificaciones legislativas necesarias para que los centros educativos de educación especial se adhieran a la oferta gratuita de plazas en el segundo y tercer curso (1-3 años) del primer ciclo de educación infantil.

La Junta de Castilla y León publicó la ORDEN EDU/12/2022, de 11 de enero, por la que se establecen plazos para que las entidades locales u otras corporaciones públicas, titulares de centros autorizados para impartir enseñanzas del primer ciclo de educación infantil o de centros que presten servicios especializados en la atención a menores de 3 años, comuniquen las unidades y plazas escolares con que se adhieren a la oferta gratuita de plazas en el tercer curso (2 a 3 años) de dichas enseñanzas para el curso escolar 2022-2023 y, en su caso, soliciten autorización como centro educativo de primer ciclo de educación infantil.

Asimismo, el pasado mes de septiembre, el presidente de la Junta de Castilla y León anunció la gratuidad para el próximo curso 2023-2024 de los alumnos de segundo curso (1 a 2 años) del primer ciclo de educación infantil.

«Se olvida la modalidad de la educación especial y no se da respuesta a las demandas de los padres con niños que padecen alguna discapacidad severa», ha señalado, «no existiendo fórmula legal para autorizar su escolarización en un centro de educación especial, siendo la única opción la escolarización en un centro ordinario».

Para Ciudadanos, la educación infantil se revela como esencial para la detección precoz de signos de falta de un desarrollo normalizado según los patrones y percentiles establecidos y, por tanto, esencial también para establecer una respuesta educativa que no sólo abarque aspectos como la estimulación y atención a cuidados básicos, sino también la combinación con la intervención rehabilitadora (fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, psicología) y la atención sanitaria, siempre que esta se considere necesaria, desde el trabajo en equipo y con un enfoque transdisciplinar y globalizado.

Es importante recordar que «sólo existe un único sistema educativo, aquel que es capaz de atender y adaptarse a todos los alumnos en condición de equidad. Un único sistema que se apoya, en sus diferentes modalidades, educación ordinaria y educación especial».