J.C.
León
Lunes, 30 de julio 2018, 09:19
Las diligencias en manos de la representación legal de José María López Benito, concejal del Ayuntamiento de León, Miguel Martínez Puente, arquitecto del mismo ayuntamiento y Javier Herrero González, ingeniero municipal, los tres 'investigados en el Ayuntamiento de León en el marco ... de la 'operación Enredadera', evidencia que existe la razonada sospecha de un posible caso de tráfico de influencias y revelación de secretos oficiales, entre otros posibles delitos.
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La decisión del juez fue trasladada a los ahora investigados días atrás tras levantar el secreto del sumario con el fin de que todos ellos pudieran preparar su declaración prevista para el próximo 11 de septiembre en el Juzgado de León, en el marco de la pieza separada abierta dentro de la 'operación Enredadera'.
Información para favorecer a empresas
Las diligencias dejan ver que desde el seno del Consistorio municipal se podría haber facilitado información que servía para favorecer a determinadas empresas en los procesos de contratación abiertos a nivel municipal. Un extremo que también refrendarían determinadas escuchas telefónicas captadas a los principales encausados dentro de la macrocaso abierto por el juzgado de instrucción número 2 de Badalona.
Fue la contundencia del pliego conocido por los investigados la que propició en los últimos días la decisión de José María López Benito de presentar su dimisión como concejal de Infraestructuras y Deportes.
Un mes de 'Enredadera'
La macrooperación policial abierta por el caso Enredadera está a un paso de cumplir un mes y fue desarrollada entonces por la UDEF de la Policía Nacional, siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) y por la Fiscalía Anticorrupción, si bien cuenta con dos piezas separadas que instruyen juzgados de León y Astorga.
El Ayuntamiento de León fue registrado el pasado 3 de julio durante mas de doce horas y el despacho de concejal José María López Benito llegó a estar precintado durante buena parte de ese día.
Del total de quince detenidos en la operación, el magistrado que instruye la causa acordó cuatro ingresos en prisión (provisional, comunicada y sin fianza) -dos de ellos los de los empresarios leoneses José Luis Ulibarri y Ángel Luis García Martín- y libertad provisional con medidas cautelares para los once restantes.
En el caso de la piezas separadas que se instruyen en juzgados leoneses, la investigación se centra en determinar si desde algunos ayuntamientos se ayudó a empresas supuestamente implicadas en la trama a hacerse con contratos municipales de forma irregular.
La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
En la provincia leonesa, además de la detención de los empresarios citados, quedaron en libertad como investigados los alcaldes de Astorga y Villarejo de Órbigo, Arsenio García (PP) y Joaquín Llamas (PSOE), así como tres ediles del equipo de gobierno del ayuntamiento astorgano.
También fueron detenidos y puestos en libertad como investigados el portavoz en el Ayuntamiento leonés de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández (Ciudadanos), y el excoordinador provincial y actual asesor de esta misma formación en la Diputación de León Sadat Maraña.
Además, quedó en libertad con cargos el exconcejal de Astorga por el PSOE, Juan José Simón.
A ese conocimiento directo de la causa el edil sumó la fuerte presión ejercida por la formación Ciudadanos, quien no aceptaba mantener el pacto de investidura mientras López Benito siguiera ocupando un sillón como concejal en el Consistorio.
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Críticas internas
Tampoco fue López Benito ajeno a las críticas llegadas desde su propio partido en el que no han faltado quien cuestionara abiertamente su empeño en mantenerse en su puesto cuando la posible carga de prueba amenaza con un expediente y su posible expulsión de la formación popular.
Todo lo que suceda en ese terreno, el político, se evidenciará a partir del 11 de septiembre. Según fuentes populares en esa jornada si el juez mantiene a López Benito como investigado se procederá a la apertura de un expediente con el fin de llegar a su expulsión del Partido Popular. Un trámite que ya fue aplicado en el caso del actual alcalde de Astorga, Arsenio García, si bien en su caso opto por pedir la baja como militante para evitar verse inmerso en el procedimiento de partido.
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