La oficina 'antiokupación' recibe cuatro consultas en León en su primer mes

Aunque «todavía es pronto para realizar una valoración», la directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo, justifica el interés de los castellanos y los leoneses en este servicio con las 700 entradas que ha registrado la página web donde hay información sobre este tema.

Una de las llamadas a la oficina de León la realizó el presidente de una comunidad en la que hay dos viviendas okupadas propiedad del Sareb. Su consulta se refería a las posibles acciones de la comunidad de propietarios ante la «inacción» de la entidad propietaria.

Otra de las consultas respondía a un inquilino que, tras finalizar el contrato, dejó a una persona viviendo en la casa. Tras la llamada informativa la persona se personó en la oficina para una consulta con el Servicio Jurídico.

La tercera llamada respondió a preguntas sobre el procediminento tras una recuperación de una vivienda ocupada ilegalmente, con dudas respecto a los destrozos causados, la posibilidad de reparación y el desescombro. La cuarta consulta fue de información general.

En este primer mes no ha habido ninguna intervención presencial en viviendas okupadas por parte de las Fuerzas de Seguridad, que pueden ser avisadas por parte del personal de la oficina en caso de que detecten un delito de usurpación.

Sucede igual en el resto de provincias de la comunidad. Valladolid es la que más consultas registra, con diez. Le sigue Zamora con siete llamadas atendidas y tres visitas directas; Burgos con cinco consultas, cuatro de ellas presenciales; Palencia con cuatro consultas -dos telefónicas de vecinos de una comunidad con varios pisos okupados y otra derivada del 012-; y Segovia con dos consultas -una derivada del 012 y otra por un inquilino que había dejado de pagar-.

Por su parte, las oficinas de Ávila, Soria y Salamanca no han registrado ninguna consulta en estas semanas de funcionamiento.

Estas oficinas 'antiokupa' nacían como un servicio de «información y asesoramiento a las personas afectadas por una ocupación ilegal de vivienda». En su visita a la oficina de León en su puesta en marcha a principios de junio, María Prado señalaba que su fin es «ofrecer un mensaje de tranquilidad al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler».