Ocho de cada diez alumnos extranjeros en León están escolarizados en un centro público

El informe sobre la situación del sistema educativo en Castilla y León consultado por la Agencia Ical recoge la evolución del alumnado extranjero desde el curso 2002-03 cuando apenas había 8.000 estudiantes de otros países en las aulas de la Comunidad.

Una cifra que experimentó un aumento progresivo hasta el año 2011, cuando se alcanzó el récord con cerca de 28.000 inmigrantes. En solo un curso (entre 2005-2006 y 2006-2007), el número de matriculados pasó de 13.784 a 20.830, con un incremento del 51 por ciento. Tras alcanzar la marca de los 28.000 inmigrantes, el número no ha parado de caer, año tras año, hasta acumular una caída del 22 por ciento entre 2011 y 2017.

Una parte importante de los 21.788 alumnos extranjeros de Castilla y León está en Educación Primaria (38 por ciento), seguido de la ESO (25 por ciento) y el segundo ciclo de Infantil (15 por ciento). Burgos, con 4.366, y Valladolid, con 4.010, son las provincias con más estudiantes de otros países, seguidas de lejos de Segovia (3.041), León (2.778), Ávila (2.208) y Salamanca (2.009). Cierran el listado las provincias de Soria (1.248), Palencia (1.162) y Zamora (966).

También son notables las diferencias entre provincias del porcentaje de alumnado extranjero matriculado por tipo de centro. No en vano, los estudiantes foráneos que acuden a un centro público en Segovia suponen el 93,2 por ciento del total, 20 puntos más que en Valladolid (71,7 por ciento) y Burgos (71,3 por ciento), seguidas de Salamanca (79,82 por ciento). Las provincias de Palencia (80,6 por ciento) y León (83,9 por ciento) están en la media autonómica mientras que se sitúan por encima territorios como Zamora (86,9 por ciento), Soria (87,2 por ciento) y Ávila (89,3 por ciento).

Seis de cada diez alumnos inmigrantes con necesidades de atención educativa tienen un desconocimiento del idioma, sobre todo en la etapa de Educación Primaria, aunque también cuentan con problemas de castellano en la ESO (16 por ciento). El desfase curricular afecta a un 40 por ciento de los alumnos extranjeros de Castilla y León, algo que afecta más a los estudiantes de Secundaria

La Junta cuenta con un programa para el alumnado con necesidad de compensación educativa, ya sea por la incorporación tardía de los estudiantes al sistema educativo español, bien por desfase curricular de dos o más cursos de diferencia –al menos en las áreas instrumentales- entre su nivel de competencia curricular y el que corresponde al curso en el que está escolarizado, o bien por desconocimiento de la lengua castellana. Lo habitual es que se trata de alumnado con nacionalidad extranjera (inmigrantes) pero también puede ser de nacionalidad española, en los casos de los menores adoptados.

Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que la aplicación de acciones de compensación educativa pretende garantizar el principio de igualdad de oportunidades a este alumnado en desventaja, «reforzando las acciones del sistema educativo, asegurándole una atención educativa adecuada y favoreciendo su integración social y cultural». Todo es posible, añaden, es posible gracias al trabajo del profesorado de apoyo de Educación Compensatoria, el profesorado técnico de Servicios a la Comunidad y otras instancias colaboradoras.

La portavoz de la Plataforma Escuela Pública, Laica y Gratuita de Castilla y León, Christina Fulconis, reclama a la Junta más dotación de profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje pero también de Compensatoria para atender a este tipo de alumnado con necesidades.

No en vano, recuerda a Ical que los profesores de Compensatoria suelen estar compartidos entre colegios e institutos de una zona. De ahí que pida a la Consejería de Educación flexibilizar la ratio de alumnos con necesidades de compensación por centro para que tengan más fácil acceder a uno de estos docentes.

También lamenta el proceso administrativo lento por la falta de personal en los equipos de orientación educativo y psicoeducativo, que son los encargados de realizar las evaluaciones de estos alumnos y elaborar los informes para que los inmigrantes puedan acceder a estas clases de compensación, por necesidades de lenguaje. «Hasta que no concluya todo ese proceso y si el centro no tiene un profesor de compensatoria, el alumno extranjero solo es atendido por el tutor y el resto de docentes», expresa.

La también responsable del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (Stecyl) recuerda que en 2004 se crearon las Aulas de Adaptación Lingüística y Social (Aliso), con profesores de Compensatoria, para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos extranjeros asociadas al desconocimiento del español. Critica que estas aulas apenas duraron un curso y eso que su objetivo era proporcionar a los niños y jóvenes de otros países con una incorporación tardía una rápida adaptación lingüística y facilitar el acceso a aspectos culturales y sociales fundamentales, para lograr una adecuada integración y convivencia en el entorno educativo.

La presidenta autonómica del Sector de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga, carga contra el distrito único que implantó la Junta y con la libre elección de centro que tienen las familias puesto que es un sistema que, a su juicio, aumenta la segregación del alumnado y fomenta los centros gueto.

No en vano, este tipo de centros –ahora llamados 2030- suele ser público y acoge, en determinados barrios y zonas de ciudades, la mayor parte del alumnado extranjero, de minorías étnicas o procedente de familias con escasos recursos. «Se nos llena la boca hablando de equidad educativa pero la realidad es otra porque es necesario un control para que el reparto de este alumnado sea equitativo», sentencia.

Madruga reconoce que existe una libertad de centro «mal entendida» porque, al final, muchos colegios concertados –sobre todo los llamados «pata negra»- son los encargados de realizar la selección al negarse a matricular a alumnos extranjeros, de minorías étnicas o con necesidades educativas especiales como los niños con discapacidad. Y es que explica que algunos argumentan que ya están completos o incluyen unos criterios como llevar al niño en la guardería para asegurarse una plaza a partir de tres años.

La responsable sindical reivindica que la Junta defienda el sistema público de educación y que la mayor parte de los recursos económicos vaya a los centros públicos, después de denunciar que las unidades de la escuela concertada no se redujeron en el mismo porcentaje que la pública. También se refiere a la sobrecarga que sufre el profesorado, que se encuentra sin gente de apoyo para atender a los alumnos extranjeros que no controlan el español.