Nuevas cotizaciones para becarios: el problema de una comunicación inconexa

Esta medida se incluyó en el Real Decreto Ley de la Reforma de Pensiones para que los alumnos que firmen un contrato de prácticas puedan comenzar su vida laboral registrada en la seguridad social, y alumnos que no permanezcan en activo puedan registrar esta formación en su cotización.

Pero esta medida, no ha sido bien recibida por parte del Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial de la capital leonesa. «Tiene muchas lagunas importantes y gordas», denuncia tajantemente Enrique Blanco, director del centro. «Una medida así no se puede tomar de la noche a la mañana, nosotros tenemos que informar a los alumnos en formación y a las empresas que tienen convenio con nosotros», explica Blanco asegurando que «nos falta información y no sabemos cómo actuar.»

Según las declaraciones del director del centro «hay casos que no sabemos cómo gestionar. Tenemos alumnos en formación que ya trabajan y por lo tanto ya tienen el alta en la seguridad social», explica el director haciendo alusión a otros casos en los que estas medidas se contradicen. «Otros alumnos ya están jubilados, contamos también con escolares que cobran ayudas o contraprestaciones por desempleo», asegurando que «les van a poner problemas». El director del centro explica que está seguro de que «esto va a generar un conflicto y finalmente, por evitar problemas, los alumnos van a acabar abandonando su formación».

El centro que cuenta con más de 460 alumnos en grados de formación profesional y cursos de especialización, no aplicará esta medida hasta mediados de febrero o marzo, debido a que ninguno de sus convenios comienzan en enero.

El comunicado que se ha hecho público en una nota de prensa del Ministerio de Educación indica que los alumnos deberán tener al menos un 25% de las horas lectivas en prácticas. Lo que supone que los alumnos coticen durante todo el tiempo que desarrollen formándose en las empresas. Según este comunicado la bonificación correrá a cargo del Gobierno durante todo 2024: el 95% lo financiará la Seguridad Social y el 5% el propio Ministerio de Educación.

«Toda esta normativa ya tenía que estar clara para enero, porque cada día es una cosa y tenemos una situación de incertidumbre total», remarca Miguel Cordero, jefe de estudio en relación con las empresas. «El problema de esto es que las empresas van a rechazar a alumnos por no saber gestionar todo el papeleo que esto conlleva», asegurando que «hay problemas más pequeños con las inspecciones de trabajo que ya han hecho que empresas eviten el convenio».

«No le puedes pedir a las empresas que se hagan cargo de la formación y además también del desembolso económico que esta supone», indica el director acentuando que «el problema no es solo económico, porque al final es algo simbólico, sino que las empresas huyen de todo el proceso administrativo que van a tener que hacer».Blanco remarca que «no solo hay convenios con grandes empresas sino también con empresas que cuentan con muy pocos trabajadores», haciendo referencia a pequeños autónomos que según sus declaraciones «no están dispuestos a comenzar un proceso tan largo para gestionar una beca».

«Esto viene de hoy para mañana, está en pañales y lo quieren implementar ya», añadía el jefe de estudios indicando que «nadie nos aclara qué hacer con los casos que tenemos en conflicto con la Seguridad Social».

Desde el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de León aseguran que es una problemática generalizada que comparten todos los organismos. «Nos parece una muy buena medida y sobre todo necesaria», indica Ana Isabel Ferreras, jefa del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de León, añadiendo que «el espíritu de todas las medidas es que sean compatibles con los casos que nos encontramos, y que en todo momento se beneficie, no se perjudique». Ferreras remarca la importancia de aclarar los casos que se ven afectados «no nos han dado pautas y las cosas hay que hacerlas bien, hace falta más tiempo.»

Según datos aportados por el servicio de gestión de la ULE, el volumen genérico de los alumnos de grado afectados por esta medida será de más de 3.000, de los cuales 300 casos comenzarán en enero.

«El problema gordo lo van a tener en centros de formación profesional porque nosotros al final como institución vamos a asumir el coste de las prácticas», explica denunciando que «en las formaciones profesionales no van a poder gestionar un gasto tan alto y menos pedirle a las empresas que lo asuman», añade Ferreras.