La nueva pensión de los leoneses se calculará con 25 años cotizados o con 29, excluyendo los dos peores

Así lo han confirmado a Europa Press en fuentes de la negociación, que han precisado que la Seguridad ofrecerá al pensionista ambas posibilidades, aunque aplicará lo que resulte más ventajoso para el trabajador que se jubile. En la actualidad, como ejemplo, la provincia de León cuenta con 139.000 pensionistas, un millar menos que en el ejercicio anterior.

Esta nueva propuesta, que cuenta con el aval de Bruselas y de Unidas Podemos, se distancia de la que el Ministerio presentó en el arranque de la negociación con los agentes sociales hace unos meses y que provocó el rechazo tanto de su socio de gobierno como de sindicatos y empresarios.

Esa primera propuesta del Gobierno contemplaba ampliar el periodo de cálculo de la pensión desde los 25 años actuales a un total de 30 años, excluyendo los dos peores años de cotización, con lo que la pensión se calcularía con un total de 28 años cotizados.

La nueva propuesta que el Ejecutivo ha llegado a la mesa de negociación con los agentes sociales es mucho más suave, pues permitirá elegir entre lo que ya hay (últimos 25 años de cotización) o utilizar un periodo de cómputo de 29 años, eliminando los dos peores años cotizados. Es decir, que el periodo de cálculo se mantendrá en 25 años si no resulta más beneficioso tomar un total de 27 años (29 años menos los dos peores).

El objetivo de esta segunda opción es que aquellos con carreras laborales más volátiles, por ejemplo despedidos al final de su vida laboral, no vean mermada su pensión por haber recibido menores ingresos en sus últimos años en activo.

Junto a esta medida, el secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha desvelado que el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de coalición implica una subida de las pensiones más bajas, tanto contributivas como no contributivas, hasta representar, «como mínimo», el 60% de la cuantía de la pensión media.

Asimismo, el acuerdo político que el Ministerio de José Luis Escrivá presentará hoy a la mesa de negociación con los agentes sociales incluye la subida de las bases máximas de cotización, de manera progresiva, hasta un máximo cercano al 35%, «sin que ello signifique un incremento de la pensión máxima en esa cuantía», ha apuntado Santiago.

El acuerdo contempla duplicar de manera progresiva la sobrecotización actual del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), desde el 0,6% al 1,2%, según ha avanzado Enrique Santiago.

El diputado de Podemos, en declaraciones a la prensa en el Congreso, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y ha señalado que «no contempla» otro supuesto que no sea el apoyo a esta reforma de los socios de investidura.

«Cuanto antes sea ley este acuerdo y norma de obligado cumplimiento, mejor, no vaya a ser que se arrepienta la Comisión Europea», ha subrayado Santiago, que ha resaltado que esto «es una muestra de la importancia del Gobierno de coalición», a pesar de que siempre se destaquen las «desavenencias».

El Gobierno ha dado un «empujón» en las últimas horas a la segunda pata de la reforma de las pensiones tras cerrar con Bruselas y Unidas Podemos un acuerdo sobre su contenido que este mismo viernes presenta a los agentes sociales en una reunión convocada a partir de las 12.30 horas en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

PSOE y Podemos consiguieron cerrar esta madrugada un acuerdo para esta segunda fase de la reforma, que fue comunicado por la vicepresidenta Yolanda Díaz a los miembros de Podemos y cuyos detalles se cerraron en una reunión entre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

«La propuesta sobre pensiones que hoy hace el Gobierno a los agentes sociales ha sido muy trabajada y demuestra que lo que siempre ha dicho Podemos es posible. Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos», ha señalado a primera hora de esta mañana la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la vicepresidenta Díaz ha destacado también en sus redes sociales que el acuerdo alcanzado con el PSOE para la reforma de las pensiones «refuerza las pensiones más bajas», que afectan especialmente a las mujeres, así como el carácter «redistributivo del sistema».

Díaz ha subrayado además que esta reforma elevará los ingresos que aportan las empresas por los salarios más altos; protegerá en mayor medida a las pensiones más bajas, y mejora la cobertura de las lagunas de cotización «que se derivan de la inestabilidad laboral».

Esta segunda pata de la reforma, centrada en el aumento de los ingresos de la Seguridad Social y en la suficiencia de pensiones para los trabajadores con carreras laborales más volátiles, es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos.

El Ministerio de Inclusión ha estado negociando a tres bandas (con Bruselas, con las fuerzas políticas y con los agentes sociales) para ultimar una reforma que el propio ministro José Luis Escrivá calificó hace unos días de «inminente».

Ayer Escrivá desvelaba que el acuerdo con Bruselas estaba prácticamente hecho. Fuentes comunitarias confirmaron a Europa Press que la Comisión Europea ha mantenido contactos «intensos» en las últimas semanas con el Gobierno español sobre la reforma del sistema de pensiones, una de las condiciones a las que está sujeto el desembolso de los 10.000 millones del cuarto pago del fondo anticrisis que España aún no ha solicitado.

Tras el sí de Bruselas y Podemos, ahora sólo falta que la reforma de pensiones reciba el visto bueno de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Los agentes sociales habían pedido a Escrivá que antes de presentarles su propuesta de reforma se asegurara de que ésta iba a tener suficiente apoyo parlamentario para su aprobación.

«No puedo anticipar los elementos (de la reforma) porque tienen que conocerlo primero los agentes sociales, pero básicamente es el cierre del sistema, de la sostenibilidad completa del sistema», aseguró ayer el ministro.

Escrivá apuntó además que lo que se propondrá a los agentes sociales «es un esquema alternativo, sostenible, razonable y creíble, con el aval de instituciones independientes potentes», para que el sistema sea sostenible y mantenga al mismo tiempo el poder adquisitivo de las pensiones.