La tarde negra de Martín Villa

El invierno iba agotando sus últimas semanas, al menos en el calendario. En Vitoria, como ocurre en León y en tantos otros rincones del país, la primavera es efímera. Un simple paso previo demasiado rápido antes de recibir el calor del verano, que apenas dura dos meses.

Pasaban diez minutos de las cinco de la tarde cuando se produjo la matanza. En aquel 3 de marzo de 1976, cerca de 4.000 trabajadores en huelga debatían en asamblea dentro de la vitoriana iglesia de Zaramaga. No había pasado ni medio año de la muerte del dictador Francisco Franco y la Transición arrancaba despacio. Las libertades se conseguían al mismo ritmo y el precio resultó ser demasiado caro.

Poco después de las cinco de la tarde, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos al interior del templo, lo que provocó la salida de los trabajadores, que se encontraron con los disparos de fuego real y de pelotas de goma. El resultado fue dramático. Cinco obreros murieron y más de un centenar resultaron heridas por los disparos.

Todo comenzó meses antes. En un escenario convulso, con los derechos de reunión, manifestación y huelga prohibidos, los centros de trabajo del cinturón vasco, Cataluña y Madrid comenzaban a exigir mejoras laborales así como libertades propias de un sistema democrático. En Vitoria, los trabajadores de Forjas Alavesas se movilizaban con gran fuerza, dando comienzo el día 3 a una jornada de huelga en la que no faltaron los incidentes por toda la ciudad.

El leonés Rodolfo Martín Villa era en aquel momento ministro de Relaciones Sindicales, es uno de los señalados por aquella «masacre», como la definió la propia Policía Armada en una conversación registrada en su radio.

Aquí, la transcripción completa de la grabación policial.

Han pasado 42 años del asesinato de Pedro María Martínez Ocio (27 años), Francisco Aznar (17), Romualdo Barroso (19), José Castillo (32) y Bienvenido Pereda (30). 42 años en los que, según sus familiares, no se ha hecho justicia.

Nerea Martínez es sobrina de Pedro María Martínez y miembro de la Asociación 3 de Marzo. «En el 76 se abrieron los primeros procesos judiciales, dictaminándose que se juzgara en un tribunal militar, que confirmó en 1977 que se habían producido disparos y muertos, pero no se podía saber quién disparó, actuando la Policía en defensa propia en cualquier caso», explica en conversación telefónica.

Hasta avanzado el siglo XXI no han sido pocos los procesos abiertos, aunque el resultado de todos ha sido el mismo: Ni una condena. Algo que cambiaría ligeramente según avanzaban los primeros años 2000.

Así, se abrió la querella argentina, presentada por la Plataforma Contra los Crímenes del Franquismo, en la que se acusaba Martín Villa, Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia y Jesús Quintana, capitán de la Policía en aquel 3 de marzo, en virtud del convenio de colaboración judicial entre España y Argentina gracias al que se ha juzgado la dictadura argentina.

La jueza del país americano María Servini declaró que el leonés es «responsable de la represión», añadiendo que «los hechos de los que resulta responsable» son sancionables con las «penas de reclusión o prisión perpetua». Para la jueza, los delitos del exministro del resto suponen crímenes de lesa humanidad.

«La jueza ha encontrado muchas trabas. Pidió la extradición y le costó tomar declaración a los testigos, como mi tío (hermano del fallecido), que finalmente lo consiguió por video-conferencia. En cuanto a reparación es lo que más le ha aliviado, pero no es suficiente», lamenta Nerea Martínez.

El Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral y las Juntas Generales presentaron dos querellas, personándose por los Sucesos del 3 de Marzo. En el Juzgado de Vitoria se reconocieron los hechos pero se cerró la causa al estar prescrita la causa. «Lo mandaron cerrar porque en el Código Penal del 76 no se contemplaban los crímenes de lesa humanidad, ya que era un código del Franquismo. Recurrieron y las administraciones llegaron hasta el Constitucional, que consideró que el caso no tenía trascendencia suficiente, lo que es indignante porque es el Estado vulnerando la legalidad internacional», denuncia.

Ahora tocará ir a Estrasburgo, pero las instituciones que han presentado las últimas querellas no pueden personarse. «Tenemos seis meses de plazo para decidir si presentarnos como colectivo o a título individual», explica. La segunda opción les obligaría a repetir el circuito judicial presentando su causa a los juzgados de Vitoria y volviendo a pasar por el Constitucional.

«Las fuerzas no flaquean pero yo no tengo ninguna confianza en el Estado Español, tendría esperanza si hubiera un gran cambio, pero no parece que vaya a ocurrir», concluye Nerea.

Ella misma hace una visita guiada con jóvenes estudiantes por los lugares de la matanza, y son ellos mismos los que, con la inocencia propia de la edad, hacen un análisis de la situación. «Nerea, ¿sabes lo que pasa? Que se están juzgando ellos mismos».