Esther Seijas, catedrática de derecho Constitucional: «El mapa autonómico no está cerrado en Castilla y León, pero tiene que modificarse el Estatuto»

El resurgir del leonesismo dormido, ante el negro futuro que asoma en el horizonte provincial tras décadas dentro de esta autonomía, copa los debates de una posible reorganización territorial. Una disputa, que sin embargo, se niegan a abrir los líderes políticos desde Valladolid, dando por zanjado el asunto. El presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, respaldado por su segundo al mando, Francisco Igea, negaban la posibilidad de abrir el mapa autonómico para dar cabida a una región leonesa. Irónicamente, la viabilidad de este proyecto está en sus manos:

«La situación jurídica es que León ya forma parte de una comunidad autónoma, de Castilla y León, como establece el artículo 2 del estatuto, pero esta situación no es inmutable», explica a Leonoticias Esther Seijas, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de León, aunque también hace una advertencia: «No cualquier opción es válida».

La respuesta a este problema la ofrece el propio Tribunal Constitucional en una sentencia de 1984 que daba respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por los partidos que conformaron el PP, formación política de Fernández Mañueco, y en el que solicitaban la exclusión de León de la comunidad autónoma para constituirse en ente autónomo uniprovincial, tal y como señaló en su día Luis Fernández Fernández-Madrid, portavoz adjunto del Grupo Popular del Senado.

«Se planteaba decidir sobre la inconstitucionalidad del Estatuto porque la Diputación de León y otros ayuntamientos se habían retractado posteriormente de su intención de formar parte de la comunidad. El Tribunal aseguró que el Estatuto era constitucional, pero no cerró la puerta a su reforma para la separación de León», señala la experta en la Carta Magna, es decir, debe ser la propia comunidad autónoma la que 'expulse' a León para que esta pueda pasar a formar una entidad autonómica propia.

Por ello, el camino de 'León Solo' pasa indiscutiblemente primero por las Cortes de Castilla y León, donde es necesario que la Junta, o en su defecto un tercio de los procuradores, propongan la iniciativa para su posterior debate y aprobación, requiriendo al menos dos tercios de los votos de la cámara. El segundo paso, en caso de conseguir los votos necesarios, será que esta modificación sea aprobada por las Cortes Generales como una Ley Orgánica (147,3 CE) dejando a León fuera del mapa autonómico para que así pueda iniciar la nueva formación territorial.

El resurgir leonesista encuentra su mayor escollo en la voluntariedad política, concretamente de los cargos altos de la Junta, quienes cuentan con la ley en su favor para bloquear la situación: «El principio dispositivo para formar su propia comunidad no juega en favor de la provincia», explica Seijas, que se remite a un informe del Consejo de Estado fechado en 2006, que refuerza el poder de la Junta de Castilla y León en la decisión de dar autonomía propia a León:

«Una vez terminada la división del territorio, el principio dispositivo no puede jugar ya en favor de las provincias para hacer posible la creación de nuevos entes dotados de autonomía política», se puede leer en el escrito. «Pese a ello, no desaparece por entero, pues en cierto modo es también este principio, ya transformado, el que explica que estos nuevos entes hayan recibido la facultad de redefinir de manera indefinida el ámbito de su autonomía; una facultad plasmada en aquellos preceptos (147.3 y 152.2) que regulan la reforma de los Estatutos».

La integración de León como la decimoctava comunidad en el mapa de las autonomías tiene cabida legal dentro del ordenamiento jurídico, un proceso avalado por los órganos más importantes a nivel constitucional del país, que ofrecen una vía para la salida de la comunidad, que si bien legal, no será para nada sencilla, pues si en apoyo de quienes se niegan a entrar en el debate, la opción no parece destinada a llegar a buen puerto.