La mutualidad y el turno de oficio generan controversia entre los abogados leoneses

Con un salón de actos a rebosar en la sede del colegio de la Abogacía de León y en el de la Delegación de Ponferrada, el decano Fernando Rodríguez Santocildes y su junta de gobierno han recibido un mayoritario apoyo a la gestión económica del colegio y la aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2023.

A pesar de las voces que en los últimos días se alzaron cuestionando la transparencia en la gestión colegial, la abogacía arropó la gestión colegial tras una explicación minuciosa de cuantas cuestiones se suscitaron por los colegiados asistentes.

El decano, al inicio de la sesión, recordó que el colegio es una institución de 180 años de historia, con una presencia social e institucional importante en la vida de la provincia de León y siendo un pilar esencial en la administración de justicia «pues no en vano los ciudadanos confían a los profesionales del colegio la defensa de sus intereses ante los órganos judiciales».

Por otra parte y en relación a otras proposiciones planteadas por algunos colegiados, respecto a la Mutualidad de la Abogacía y el Turno de Oficio, ante la irregularidad en el planteamiento de la proposición, no fueron objeto de debate planteándose la posibilidad de celebración de una junta general extraordinaria para afrontar estas cuestiones de relevancia en la profesión.

El decano, no obstante, y como abogado del turno de oficio, recordó el compromiso demostrado del Colegio de la Abogacía y del Consejo General de la Abogacía Española en procurar una mejora en las condiciones del turno de oficio y de los profesionales que lo prestan.

Por otro lado reiteró el apoyo del Colegio los Mutualistas ante «la preocupación existente en nuestro colectivo por procurar que todos los profesionales del sector alcancen unas condiciones de jubilación suficientes y dignas, independientemente de cuál haya sido o sea su fórmula de cotización a lo largo de su trayectoria profesional y reafirma la decisión de apoyar la reclamación a la Seguridad Social para que estudie la opción de establecer una pasarela para que aquellos mutualistas que lo deseen puedan transferir su ahorro de jubilación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, siempre que eso no suponga un perjuicio al resto de los mutualistas, y se establezcan los complementos precisos para que todos los profesionales que hayan cotizado los años requeridos en las distintas mutualidades reciban rentas mínimas de la misma cuantía que quienes hayan estado acogidos al sistema público.

Asimismo se apoya la reclamación de la aplicación de un tratamiento fiscal acorde a la naturaleza de las rentas percibidas.

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