El 60% de las mujeres que abortan en León lo hace en clínicas privadas por la ausencia de servicio público

Es la realidad que ponen de manifiesto las representates del movimiento feminista en León y ante la que convocan a la sociedad a concentrarse el próximo sábado 15 de abril en Valladolid para exigir a la Junta que aplique «de forma real» la ley estatal que garantice un aborto libre y gratuito y sin desigualdades entre territorios.

Más de 200 entidades estatales se han unido para denunciar lo que califican como «un escollo para la plena salud sexual y reproductiva de las mujeres» y que, aseguran «se repite de forma sistemática en muchas comunidades que no aplican la ley al tener transferidas las competencias en sanidad».

Mari Luz González, representante del Movimiento Feminista de León, asegura que «ha habido un olvido sistemático en varias comunidades de lo que constituye el derecho de las mujeres a decidir: que el aborto sea libre, gratuito, que se realice en la red sanitaria pública, bajo un criterio de cercanía y respeto a la mujer».

Según denuncian las feministas, el último informe publicado en 2022 por parte de la consejería de sanidad «maquilla la carencia de recursos públicos para acceder al aborto», y denuncian que cinco provincias -Zamora, Soria, Palencia, Ávila y Segovia- no cuentan ni con centros públicos ni privados para garantizar este derecho, por lo que las mujeres se ven obligadas a desplazarse de provincia o comunidad.

En otras como León, casi el 60% optan por realizan la interriupción de sus embarazos en clínicas privadas porque «prefieren pagar y acudir a un centro cercano a su casa que desplazarse a otras provincia o dilatar más el proceso».

Ponen el foco también en el «perfil falso, manipulador y tendencioso» que se pretende dar de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. La realidad, apuntan es que el 49,7% de las mujeres que abortan tienen más de 30 años y casi el 48% ya son madres.

Castilla y León se concentrará así el sábado en Valladolid para exigir a la Junta y el resto de gobiernos autonómicos que apliquen «de forma inmediata la legislación estatal en todos los hospitales públicos y centros de salud» y hacen hincapié en la necesidad de abordar mediante educación sexual estas situaciones para que las políticas públicas garanticen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.