Mujer, de 44 años, en desempleo y con hijos a cargo, perfil medio de las personas que han solicitado ayuda por primera vez a raíz de la pandemia

Las personas que se han incorporado a Cruz Roja a raíz de la pandemia son claramente más jóvenes que las personas a las que ya atendía la Organización (44,4 años de media frente a 65 años), hay una mayor proporción de hogares con hijos menores de 16 años (50,2% frente al 22% del grupo que ya estaba siendo atendido por Cruz Roja), con una tasa de pobreza infantil del 95,6% y mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión (95,2% frente a 73,8%) y desempleo (30,5% frente al 24,8%). En conjunto, el 57,5% de las personas atendidas se sitúan en la pobreza extrema. El dato para la población general es del 2,9%.

Estos son algunos de los datos que se desprenden del Boletín sobre la Vulnerabilidad Social nº 20 presentado hoy jueves, 'Impacto de la COVID-19 en la población atendida por Cruz Roja a través del Plan RESPONDE', una investigación que pretende obtener una radiografía detallada sobre el grado de vulnerabilidad, riesgo de pobreza y exclusión y necesidades y expectativas de las personas atendidas por la Organización a través del Plan Cruz Roja RESPONDE.

Este estudio, desarrollado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, indaga también en la información sobre los ingresos, situación ocupacional y los factores asociados a la salud, vivienda y protección social de estas personas con el fin de ofrecer información relevante a todos los actores implicados en la respuesta a la pandemia desde las administraciones públicas, agentes sociales, tercer sector y academia.

«La irrupción de la crisis generada por la COVID-19 ha supuesto una nueva vuelta de tuerca a la vulnerabilidad social en tanto que ha agravado la ya difícil situación de una población que aún se encontraba lastrada por los efectos de la crisis económica anterior y ha empujado a nuevas personas y familias a condiciones de máxima fragilidad», ha destacado Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja.

La situación socioeconómica establece considerables diferencias entre las personas incorporadas a raíz de la pandemia y las que habían tenido alguna relación con Cruz Roja previamente: entre las nuevas, las personas jubiladas sólo representan el 13,2% (antes eran el 51%), aumentando sobre todo el desempleo (51,7%, frente al 24,8%) y, en menor medida, la proporción de personas ocupadas (25,3% cuando antes representaban el 14,6%). La tasa de trabajadores pobres es, para el conjunto de la población atendida, del 82,3% y, para las personas de nueva incorporación, del 90,2%.

Quienes han acudido a Cruz Roja por primera vez tras la pandemia afrontan las situaciones más dramáticas: el 95,2% de sus hogares están en riesgo de pobreza o exclusión (frente al 73,8% del grupo que ya estaba siendo atendido por Cruz Roja. AROPE), el 92,6% están por debajo del umbral de la pobreza (antes, el 67,2%), el 63,1% experimentan privación material severa (antes era el 39,3%) y el 56,2% tiene en paro a todos sus miembros en edad laboral (frente al 50,7 de las personas que ya estaban siendo atendidas por Cruz Roja. BITH).

La situación económica ha empeorado como consecuencia del contexto creado en torno a la pandemia para un 23% de personas atendidas por Cruz Roja, que han visto reducidos sus ingresos en comparación a los que percibían antes. En estos hogares, de media se ha pasado de tener unos ingresos mensuales de 1.057€ a 486€.

Este empeoramiento de los ingresos está más extendido entre las personas que acuden a Cruz Roja por primera vez tras la pandemia. El 38,2% de estos hogares reflejan esta circunstancia. La caída de ingresos está en la raíz de las enormes diferencias que se dan en el resto de los parámetros.

Globalmente, los ingresos medios por hogar eran de 885€, por persona de 369€ y el 12,4% de los hogares no tenían ningún ingreso, llegando a representar el 22% entre los hogares nuevos.

El 56,7% de las personas encuestadas afirma tener un estado de salud regular, malo o muy malo y el 35,2% señala que éste ha empeorado tras la pandemia.

El 33,5% ha sido afectado por la COVID-19 de un modo cercano, siendo un 15,8% quienes declaran haber contraído la enfermedad personalmente.

Además, como consecuencia indirecta de la pandemia los trastornos psicológicos o emocionales tienen un impacto decisivo: el 66% afirma tener algún problema emocional siempre o la mayor parte del tiempo, siendo la preocupación (43,1%), la tristeza (28.9%) y la depresión (24,9%) los estados de ánimo negativos más extendidos. Además, el 34% tiene dificultades continuadas para dormir.

La vivienda constituye una de las áreas de vulnerabilidad de las personas encuestadas. Concretamente, el 18,2% señalan problemas en este ámbito. Y, de hecho, un 6,5% está en situación de exclusión residencial. Pero, además, un 31,4% que residen en hogares con graves problemas de salubridad. Estas situaciones son más duras entre las personas que se han incorporado a la atención de Cruz Roja a raíz de la pandemia. El 46,1% tiene problemas para afrontar pagos relacionados con la vivienda y/o suministros. Entre la población de nueva incorporación, la situación afecta al 70,3%.

El 14,6% afirma no contar con nadie que pudiera prestarle apoyo ni antes, ni después de la pandemia. Y para un 9,8% su red de apoyos ha disminuido en el contexto de la COVID-19. Esta carencia o empeoramiento de la red social es más grave en el caso de las personas que acuden por primera vez a Cruz Roja (el 17,5% ha carecido siempre de ella y para el 14,2% ésta se ha visto reducida).

En cuanto a las medidas gubernamentales incluidas en el llamado Escudo Social, sólo los ERTE parecen haber tenido una difusión relativamente amplia: algo más de la mitad de los trabajadores se han beneficiado de ellos.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, sólo un 24,3% de las personas encuestadas lo habían ya solicitado en el momento de la entrevista; y se les había concedido a 6 de cada 10 de ellas.

Un significativo 28,5% desconoce esta prestación. Entre las que no se plantean solicitarla (un 37%), las dos razones más aludidas son: la falta de necesidad o la creencia de que no se cumplen los requisitos para obtenerla.

Más de un tercio de las personas demandantes han tenido problemas con la solicitud del Ingreso Mínimo Vital (desconocían el procedimiento o los requisitos) y dos tercios han necesitado ayuda para su tramitación.

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto en múltiples ámbitos de la vida de las personas atendidas en el programa RESPONDE, pero este impacto es aún más grave en el caso de las mujeres. Sus indicadores de salud son más negativos (mayor proporción de contagios y de secuelas) como también las consecuencias directas en el ámbito laboral (más despidos y menos ERTES u opciones a teletrabajar).

Como apuntamos antes, las mujeres usuarias del programa RESPONDE han sufrido un mayor empeoramiento de su salud como consecuencia de la pandemia: el 34,7% se han visto afectadas en su entorno cercano por la COVID-19 (frente al 30,8% de los hombres), reflejan mayor nivel de contagio, tanto a nivel personal como en su hogar y mayores secuelas tras superar la enfermedad (4,7%, frente al 1,6% de los hombres).

En el ámbito laboral, las mujeres han sufrido más despidos que los hombres (18,1% frente al 13.7% de los hombres), han tenido menos ERTES (57,1% frente al 60.9%) y menos teletrabajo (2,2%, mientras que los hombres alcanzaron el 4%).

A este mayor impacto de la pandemia en las mujeres es necesario añadir la sobrecarga de trabajo que han supuesto las tareas domésticas y de cuidados durante el confinamiento.

Por otra parte, un grupo de especial vulnerabilidad son las familias monoparentales, de las que cerca del 90% están encabezadas por mujeres.

Por último, el porcentaje de mujeres que señalan haber sufrido violencia de género desde la declaración del Estado de Alarma es del 1,7%.

Un elemento clave en el análisis de los efectos de la COVID-19 es atender a las alarmas que se encienden alrededor de un tipo de hogar muy concreto: los hogares con niños, niñas y adolescentes. Es preocupante su peso en el programa Responde y, sobre todo, entre las nuevas incorporaciones: el 50,2% de los hogares nuevos tiene entre sus miembros algún menor de 16 años.

Estos hogares, además de presentar una situación muy vulnerable (el 96,2% está en AROPE), han de enfrentarse a problemas específicos, como los relacionados con la educación. Un tercio de estos hogares declaran que han tenido problemas para seguir el curso escolar durante el confinamiento, sobre todo como consecuencia de la falta del equipamiento o los servicios necesarios para seguir el curso a distancia. Estas dificultades están claramente lastrando el desarrollo académico de sus protagonistas: en el 23,6% afirman no haber contado con el equipo necesario para seguir las clases a distancia y en el 12,7% no dispusieron de una conexión adecuada a Internet.

La brecha digital causada por la pobreza y la falta de competencias digitales no sólo afecta a los hogares con menores de edad, sino que es un problema generalizado de los hogares atendidos por Cruz Roja en el programa Responde. En el 63,8% de los hogares no se dispone de ordenador y en el 46,6% no tienen contratado ningún servicio de Internet en el hogar. La digitalización de muchos procesos y servicios, acelerada por la pandemia, añade dificultades a estos hogares vulnerables, impidiendo su acceso a determinados servicios y prestaciones, acrecentando su fragilidad y multiplicando su aislamiento, algo especialmente relevante en el caso de las personas mayores.

La mayoría de las personas encuestadas son pesimistas en cuanto a la situación general del país (el 61,6% cree que empeorará). Aunque cuando se refieren a su propio hogar la opinión más frecuente es que su situación no variará (53,9%). Esta previsión de «estabilidad» no deja de ser muy negativa, ya que manifiesta la falta de expectativas de mejora que permitan superar la extrema fragilidad de su situación.

Actualmente, las necesidades prioritarias de las personas atendidas son principalmente económicas, de atención urgente a las necesidades básicas y de apoyo para conseguir empleo (según manifiestan entre el 29,6% y el 13,2%). Entre las personas que se han incorporado a Cruz Roja durante la pandemia, las prioridades son: obtener alimentos y productos esenciales y la ayuda económica (para el 53,8% y 42,6%).

El universo de la investigación se corresponde con las personas atendidas desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2020 a través del plan Cruz Roja RESPONDE, con un total de 788.127 personas atendidas hasta ese momento, de las cuales un 21,6% eran personas de nuevo ingreso en los programas de la entidad, que se acercaron a Cruz Roja para solicitar ayuda debido a la situación provocada por la COVID-19 a partir del 14 de marzo de 2020, fecha de la declaración del Estado de Alarma.

La muestra que se analiza está compuesta por 1.507 personas usuarias del Plan Cruz Roja RESPONDE entre marzo y junio de 2020, que fueron entrevistadas telefónicamente entre el 29 de septiembre y el 22 de octubre de 2020. La muestra ha sido seleccionada para ser representativa de la población de referencia con un error no superior al ±4%, suponiendo normalidad.

Se ha realizado un análisis diferenciado por sectores, en función de la fecha de alta como personas usuarias en Cruz Roja:

• Personas Previas (79,4%), son personas atendidas en RESPONDE que ya eran usuarias de Cruz Roja.

• Personas Nuevas (21,6%), son personas atendidas en RESPONDE que han solicitado ayuda a Cruz Roja después del 14 de marzo de 2020.

La investigación recoge datos desagregados en función de sexo, origen, edad y situación pre y post pandemia y se ha desarrollado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.