El movimiento feminista pide la dimisión del gobierno por «dirigir a las mujeres a un sufrimiento innecesario»

Un estudio reciente de 2021 indica que el 97'7% de abortos fueron derivados a centros sanitarios privados y, excepto en Burgos y Valladolid, las mujeres son derivadas a otro territorio para la intervención.

Ana Vicente también ha concretado que, en el caso de las mujeres residentes en León, «aquellas que quieran ejercer su derecho a abortar gratis, no pueden hacerlo. Puede acudir a una clínica privada, pero tienen que pagar por el procedimiento».

Para Vicente, la pregunta «del millón» es si las mujeres de Castilla y León pueden ejercer de manera efectiva su derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, algo que deben llevar a cabo «sin ser sometidas a ningún tipo de presión o coacción», al tratarse de «un eje constructivo básico», ya que «la potestad para controlar la maternidad es la clave para poder disponer y planificar las vidas».

En este sentido, recordó que los derechos sexuales y reproductivos «son Derechos Humanos», según reconoce la Organización de las Naciones Unidas que, además, recomienda «eliminar todo obstáculo normativo o dilatorio». Unos obstáculos que «son precisamente» los que existen en Castilla y León «en el día a día» para que las mujeres «tengan derecho a un aborto seguro y no estén sometidas a circunstancias que les obliguen a hacerlo en condiciones que incluso puedan poner en peligro sus vidas».

Desde el movimiento feminista de León piden la dimisión del gobierno de la Junta de Castilla y León por eliminar derechos de las mujeres y «pretender dirigirlas, aún más, a un sufrimiento innecesario»