El Ministerio de Justicia pone a disposición del sistema sanitario a sus 756 médicos forenses, 63 en Castilla y León

Además, Justicia también cederá 180 facultativos técnicos especialistas en laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio, todos ellos con formación especializada, para que puedan ayudar al sistema sanitario a realizar los test para detectar infectados del Covid-19.

El ministro explicó en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, se ha constituido la Comisión de Coordinación de Crisis de Justicia en la que están representados el departamento que dirige, las comunidades autónomas, el CGPJ y la Fiscalía.

Pese las divergencias con varias comunidades autónomas, algunas de las cuales se han mostrado partidarias de cerrar los edificios judiciales, el ministro ha asegurado que tras la reunión todas las administraciones están de acuerdo en mantener los servicios esenciales de Justicia, dado que su funcionamiento es «capital» para el Estado de Derecho y, muy especialmente, durante la permanencia de estado de alerta.

Campo insistió a preguntas de los periodistas en que «no existe ninguna resolución de ninguna comunidad autónoma que contradiga los acuerdos sobre servicios esenciales. Hemos tenido debate, pero tenemos una respuesta uniforme en cuanto a servicios esenciales».

«No se va a cerrar ningún juzgado», aseguró, «y si hay alguno donde se hayan detectado casos, se procurará el desalojo inmediato de las dependencias para su desinfección, y poder abrir de nuevo para prestar los servicios esenciales». Este es el procedimiento que se ha seguido en la Ciudad de la Justicia de Valencia, que este viernes ha vuelto a abrir sus puertas tras las tareas de limpieza.

El ministro aprovechó esta explicación para mostrar su convencimiento de que una parte de esos aplausos que los ciudadanos dan cada noche a los sanitarios «también vayan para los servidores públicos de la Administración de Justicia, que dejan todos los días sus miedos aparte para servir a los ciudadanos».

En cuanto a la prestación del turno de oficio, explicó que el Gobierno está contando con la ayuda de los colegios de abogados y con el Consejo General de Abogacía, de los trabajadores sociales y de los colegios de psicólogos, involucrados en el turno de oficio, para que presten los servicios esenciales de acuerdo con las medidas marcadas por la autoridades sanitarias.

Sobre el tránsito de menores sometidos a custodia compartida que deban cambiar de domicilio durante el período de alerta, el ministro de Justicia indicó que no hay normativa que impida la rotación y sólo corresponde al juez en contrario en caso de que haya elementos que desaconsejen el traslado de los menores. Explicó también que se está estudiando cómo organizar los intercambios en puntos de entrega, para los casos en que las relaciones familiares sean especialmente difíciles.