Los 1,7 millones de euros que podrían llevar a León a unas navidades de basura

Aunque la basura de cada municipio es gestionada por cada ayuntamiento (a través de servicios municipales o subcontratados) esta es transportada a los centros de transferencia o directamente al Centro de Tratamiento de Residuos, CTR, de San Román de la Vega. Unas infraestructuras gestionadas por el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de León, Gersul, que depende directamente de la Diputación de León. Dicho ente mantiene un contrato para estos trabajos con la Unión Temporal de Empresas, UTE formada por las empresas FCC y Urbaser bajo el nombre Legio VII.

De este modo, si el CTR y los centros de transferencia convocan una huelga, los servicios de basura de cada ayuntamiento no podrán vaciar sus camiones y en pocas jornadas la basura llenará las calles.

Los 130 trabajadores de la UTE exigieron, hace ya diez años, la actualización del convenio que implica, entre otros puntos, una subida salarial del 1% anual de sus nóminas. Un acuerdo que aprobó la asamblea de Gersul y la mencionada UTE en su momento pero que nunca se había hecho efectivo.

En este 2022, los trabajadores anunciaron en el mes de marzo que acudirían a la huelga en caso de que no llegara esa tramitación. Un paro que fue suspendido cuando Gersul anunció que se llevaría a cabo una negociación con la empresa. Mismo hecho que se repitió en octubre, cuando el ente provincial pidió más plazo que expiró el pasado 26 de noviembre.

Por fin, esta semana, Gersul aprobaba una revisión del canon firmado con Legio VII de 3,8 millones de euros. Una partida que se divide 1,6 millones de euros desde 2013 hasta 2021 y 2,43 millones del aumento a los trabajadores

A pesar de que la UTE no se ha pronunciado sobre la medida, los trabajadores ven insuficiente la partida asegurando que no se cumplen los acuerdos firmados. Por esta razón, han registrado ya la convocatoria de huelga a partir del próximo 21 de diciembre hasta el 7 de enero, pudiendo ser de manera indefinida a partir de ese día.

Según Fernando Abella, presidente del comité de empresa y representante de los trabajadores por parte del sindicato USO, la única manera de pararla sería que llegarán los 5,8 millones solicitados por la UTE para que Diputación se haga cargo de la subida de los sueldos de los trabajadores y de la partida correspondiente a los cuatro puestos de trabajo que quieren eliminar desde 2013, las horas extras y las vacaciones de los temporales que ya ha asumido la empresa.

Por su parte, desde la Diputación aseguran que cumplen con el compromiso adquirido dado que los 3,8 millones son suficientes para la subida de los salarios. Destacan que la diferencia con lo que solicita la empresa, trasciende de lo contemplado en el contrato