Una fórmula «ágil y sencilla» para las nuevas normas urbanísticas de León

Los miembros del equipo redactor de las Normas Urbanísticas Territoriales han presentado este martes 30 de julio en el salón de actos del COAL (Palacio de Gaviria), las medidas urbanísticas aprobadas en el mes de junio para 85 municipios de la provincia de León.

Un documento que «pretende ser ágil, fácil y sencillo», pero que tiene «su complejidad técnica». Como explica María Pardo, Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, se busca «facilitar y agilizar la implantación de actividades a través de las regulaciones mínimas del uso del suelo». En concreto, la implantación de una actividad económica y el ejercicio de una actividad en el medio rural y en el medio urbano siempre «requiere conocer cuáles son sus usos».

Como indica la Directora, en la provincia de León había «hasta 85 municipios que carecían de un instrumento de planeamiento propio», por tanto se veían sujetos a una normativa del año 1991, que «estaba ralentizando la implantación de actividades» en el medio rural.

Por tanto, el primer objetivo de estas normas es «flexibilizar la implantación de actividades», especialmente en el medio rural, ya que es donde hay «más territorio y más dificultades». De los 211 municipios de León, estas medidas afectarán a más del 40%, que supone más de 30.000 habitantes y a más del 30% de la superficie de la provincia.

El Gobierno autonómico y la Diputación financiaron al 50% los 200.000 euros de los trabajos, que no son los primeros que se aprueban en Castilla y León, donde ya se aprobaron en Valladolid y Soria. Desde la Junta, remarcan que se tratan de unas normas «muy demandadas» que han sido estudiadas junto a los Ayuntamientos «durante todo el proceso».

Pardo hace referencia a la doble finalidad de las medidas, por un lado, para otorgar a los particulares y a los empresarios «un instrumento ágil y fácil para poder realizar actividades» y, por otro, «mejorar la implantación de actividades económicas en el medio rural», consiguiendo así nuevos pobladores.

Estas normas regulan «las distintas clases de suelo rústico» y determinan «cuáles son los suelos que están protegidos» y cuales son «suelo rustico común», aquel que es compatible con la implantación de actividades económicas.

También se identifica lo que es el suelo urbano, donde ya hay una implantación y un desarrollo urbano, dando así seguridad jurídica a los ciudadanos que quieren construir una vivienda.

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