Marcos Martínez defiende su inocencia en su primera declaración en la Audiencia Nacional por la Púnica

Su declaración dentro de la pieza leonesa de la 'operación Púnica', entonces tutelada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se produce en la recta final de un juicio por el que ya han pasado peritos, agentes de la Guardia Civil y testigos, además de las aportaciones de Fiscalía, acción popular y defensas.

El tribunal trata de dilucidar en este caso los términos en los que se desarrolló esta operación, que alcanzó de lleno a la Diputación Provincial de León esencialmente en la etapa de Isabel Carrasco por pagos a 'conseguidores' que alcanzaron los 90.000 euros según la Fiscalía.

De ahí que en la sala se siente el supuesto 'conseguidor' de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, quien ha asegurado que los contratos dados desde la institución no eran reputacionales entonces en beneficio de Isabel Carrasco sino meros intercambios de publicidad.

En su declaración De Pedro ha exculpado a Marcos Martínez y por extensión al resto de encausados llegando a lamentar «el daño que se les ha producido».

Por estos hechos también se acusa al exinterventor de la Diputación Manuel, Jesús López Sánchez; además de Pedro Vicente Sánchez, coordinador del gabinete de prensa de la Diputación junto con el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y a una empleada de De Pedro, Guadalupe Caballero, además de a las empresas que desarrollaron los trabajos, Eico Online y Madiva Editorial.

Marcos Martínez ya advirtió entonces que se siente totalmente inocente en este caso: «Nunca se hizo nada ilegal, jamás le he dicho a un funcionario que haga algo ilegal», aseguró en su día. Es más, ante el juez indicó que no conocía a ninguno de los encausados y que siempre derivó cualquier consulta al funcionario correspondiente «con la advertencia de que no se hiciera nada ilegal».

«Le he dicho al juez», aseguró nueve años atrás, que investigue «hasta el último céntimo de mis cuentas, que las revise de arriba abajo, que mire todo el patrimonio, mis cuentas, lo que quiera. Jamás en mi vida me he llevado un céntimo, nunca».

La rotundidad de sus palabras tendrán que estás ahora acompañadas por una 'carga legal' que las soporte y que le permita salir indemne de un procedimiento que se desarrolla bajo dilaciones indebidas.

La 'Púnica' nace en los tiempos del 'imperio' de Isabel Carrasco en la provincia de León. La entonces presidenta de la Diputación Provincial, que terminó siendo asesinada por Montserrat Gutiérrez (madre de una trabajadora de la propia institución a la que ésta despidió), se sentía 'amenazada' por las informaciones que sobre su persona se difundían a través de los periódicos digitales.

Ella, que ejercía un control férreo sobre la prensa, la radio y la televisión local con el uso de las aportaciones directas de publicidad que otorgaba de forma personal, no había logrado someter a esa parte de la prensa local, especialmente a leonoticias.

Lo que en un primer momento no resultaba a nivel personal una cuestión inquietante para Carrasco derivó en una preocupación máxima especialmente a raíz de la publicación del 'caso kilometrajes', donde se demostraba que cobraba kilometrajes de terceros utilizando el vehículo oficial de la institución provincial.

Que la información trascendiera, que avanzara y que las noticias sobre este asunto resultaran 'incontenibles' a través de la red le hizo tomar a Isabel Carrasco una determinación tajante: contratar los servicios de 'especialistas' que trasladaran (esencialmente las informaciones de leonoticias) a un plano irrelevante en las búsquedas de internet.

Para conseguir sus objetivos el empresario Alejandro de Pedro creó una serie de periódicos 'zombies' en los que se replicaban las noticias de la Diputación Provincial de León con el fin de 'blanquear' a Isabel Carrasco.

Y en ese punto nace la 'operación Púnica' que ahora llega a la sala de la Audiencia Nacional. Alonso Conesa y De Pedro, a través de EICO y Madiva, «realizaban trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde se sufragaba por esos cargos por procedimientos irregulares», según los autos.

Ahora y en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía reclama para Marcos Martínez, expresidente de la Diputación y actual alcalde del municipio de Cuadros como independiente, la pena más alta, de 8 años de prisión, por los delitos de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad, fraude y tráfico de influencias.

Por su parte, para Manuel Jesús López y Pedro Vicente Sánchez, que fue coordinador del gabinete de prensa de la Diputación y ahora es alcalde de Puebla de Lillo con un partido independiente, solicita 7 años, uno menos que a Martín Marcos, al no ser acusados de tráfico de influencias.

El Ministerio Público pide para De Pedro y Alonso Conesa 5 años y medio de prisión por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad y fraude, mientras que para Guadalupe Caballero deja su petición en 3 años y cinco meses de cárcel por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad.

En cuanto a las empresas de De Pedro, la Fiscalía interesa una multa del doble del beneficio obtenido. Además, solicita que entre los seis acusados indemnicen con 171.000 euros a la Diputación Provincial de León.

De Pedro y Alonso Conesa trabajaban desde 2010 para diferentes administraciones públicas y controlaban juntos un grupo de empresas con las que se presentaban a contratos públicos, «muchos de ellos con objetos simulados», según el relato del Ministerio Fiscal.

«El objetivo de todo ello era producir campañas de imagen personales que construyeran una reputación positiva en Internet, vinculada a los nombres del político, que neutralizara las noticias negativas o mejorara su perfil público», señala en el escrito. Una obsesión que entonces tenía Isabel Carrasco y que estaba vinculada esencialmente a las informaciones del periódico leonoticias.

Para alcanzar este objetivo empleaban decenas de periódicos digitales -muchos de ellos «zombies», sin actualizar- que hacían de «motores de réplica», «sin ningún interés periodístico», de las noticias positivas.

En 2012, De Pedro y Alonso Conesa captaron como clienta a la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, con la que acordaron trabajos para «limpiar y cuidar» su reputación en redes sociales, que se prolongaron y en los que participaron después los acusados.

Después de la muerte de Carrasco, que fue asesinada en 2014, los servicios de reputación continuaron con Martín Marcos como presidente en funciones de la Diputación y se habrían pagado de manera «subrepticia» a través de la simulación de contratación de publicidad institucional.

Martín Marcos tenía «interés por darse a conocer ante los ciudadanos de León, construirse una identidad positiva en las redes sociales y recibir asesoramiento para su promoción política», lo que «fue aprovechado» por De Pedro y Alonso Conesa para concretar con él un nuevo plan.

En la antesala del juicio el instructor de la operación Púnica en León, Eloy Velasco, ya advirtió del enorme peligro que suponen las dilaciones en estos casos.

«El pecado de la justicia es que es muy lenta. Si ahora se hace el juicio y resulta que alguien es inocente...», aseguró en una reciente presencia en León.