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Juan Martínez Majo, durante la reunión. Inés Santos

Majo traslada a las asociaciones el anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social de Castilla y León

Este nuevo marco normativo afectará a 503 colectivos de la provincia leonesa

Nacho Barrio

León

Miércoles, 19 de febrero 2020, 14:20

Una reunión para tomar el pulso a las asociaciones de cara a lo que viene por delante. El delegado territorial de la Junta en León ha avanzado este miércoles el anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social de Castilla y León a las entidades ... más representativas de la provincia.

Una cita en la que escuchar y proponer ya que este primer paso establece el marco jurídico común para las entidades que integran el Tercer Sector Social. Juan Martínez Majo remarcaba su importancia.

Esta norma, «tan necesaria como importante», establece el marco jurídico común para las 503 entidades que integran el Tercer Sector Social en la provincia de León (3.300 en la Comunidad) y que ofrecen servicios en diferentes áreas relacionadas con las personas mayores, las personas con discapacidad, la inclusión social o la protección a la infancia.

«León es una provincia muy activa en el ámbito social y sus asociaciones representan un valor muy importante en la sociedad de esta provincia», ha destacado el delegado territorial.

¿Qué contiene la Ley?

Este anteproyecto se estructura en 5 capítulos, 19 artículos, 2 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. En su Capítulo I, la Ley define lo que son las entidades del Tercer Sector Social y establece además la creación de un Censo de Organizaciones que lo forman, mientras que el Capítulo II establece la finalidad de la intervención del Tercer sector, que se concreta en promover la inclusión social, el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio efectivos por las personas, colectivos o grupos que estén en situaciones de vulnerabilidad, exclusión o en peligro de estarlo, con el fin de trasformar la sociedad y convertirla en más justa, solidaria, igualitaria, participativa y democrática.

Dentro de este capítulo se establecen los criterios que se deben aplicar en la ejecución de las intervenciones que realicen las entidades del tercer sector con una especial mención al trabajo en la Red de Protección, la coordinación con los sistemas de servicios sociales de responsabilidad pública y el papel esencial en el trabajo en red del profesional de referencia ubicado en un técnico de los equipos de acción social básica del CEAS correspondiente. Se establecen también distintas fórmulas de colaboración de las entidades del tercer sector, destacándose la definición y alcance de la acción concertada así como los principios en los que debe inspirarse la misma dejando su desarrollo por Decreto.

El Capítulo III aborda la participación del Tercer Sector y la interlocución social, regulando el derecho de participación de las entidades en las políticas públicas de las Administraciones de Castilla y León y estableciendo los distintos órganos colegiados estableciéndose como órgano específico de colaboración del tercer sector la sección de colaboración con el tercer sector del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.

El Capítulo IV se dedica a la promoción del Tercer Sector Social en Castilla y León y lo hace planteando la elaboración de un 'Plan Estratégico para el impulso y promoción del Tercer Sector', con una vigencia de cuatro años, a lo largo de los cuales se llevarán a cabo una serie de actuaciones de promoción dirigidas, entre otros objetivos, al favorecimiento del mecenazgo y el patrocinio.

El Capítulo V hace referencia a las obligaciones del Tercer Sector en lo que respecta al personal laboral y sus condiciones de trabajo, finalizando el capítulo con otras obligaciones específicas de las entidades del tercer sector que responden a la aplicación de principios generales para asegurar la evaluación de la propia actividad, el control, la transparencia, la gestión conforme a modelos democráticos o la igualdad.

Esta Ley constituye el marco legal de referencia, determina el papel del Tercer Sector Social, su ámbito de intervención definiendo jurídicamente sus características, principios y obligaciones y garantiza la sostenibilidad a través de la Concertación Social. y con otros agentes del ámbito de la intervención social, a la vez que aporta la cobertura jurídica que las entidades llevan años demandando. Finalmente, contempla la creación de un censo de organizaciones lo que permitirá conocer la realidad del Tercer Sector en la provincia.

Majo ha señalado la importancia de esta Ley para las entidades locales que son las que «están más cerca del ciudadano y saben las problemáticas reales». «Cada vez son más los colectivos que necesitan ayuda específica» y uno de los objetivos de esta nueva norma es «coordinar los esfuerzos de estas asociaciones en pro del ciudadano», sentenció.

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