Una macrooperación contra la corrupción se salda con cinco ayuntamientos registrados, 10 detenidos y nueve cargos políticos investigados en León

Una macrooperación que se ha saldado con el registro de cinco ayuntamientos –León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo-, la detención por orden judicial de cinco leoneses y la detención en calidad de investigados de otras nueve personas, entre ellos tres alcaldes.

A ello se sumarían otros cinco cargos públicos -el alcalde de Astorga y tres concejales y el alcalde de Villarejo de Órbigo- que han sido detenidos y puestos a disposición judicial por orden del Juzgado de Instrucción nº2 de Astorga. Está previsto, según han confirmado a leonoticias, que comparezcan en los juzgados este miércoles a partir de las 10:30 horas.

A media tarde, todos los cargos públicos que el juzgado había solicitado su 'localización' abandonaban las dependencias policiales, hasta donde eran trasladados en vehículo policial para prestar declaración.

Concretamente, el auto judicial decretaba la detención del empresario leonés José Luis Ulibarri, ya investigado en el marco de la trama Gürtel. Concretamente, el juez entiende que la trama pivota sobre este empresario dedicado a los medios de comunicación que podría haber realizado funciones de comisionista.

Junto a él, la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ha detenido y registrado este martes el domicilio del leonés Miguel Hernán Manovel García, socio del empresario y mano derecha de Ulibarri.

El tercer leonés que figura en el auto del Juzgado de Instrucción nº2 de León de Badalona es el de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León. El que fuera secretario provincial de la formación naranja también ha sido detenido en el transcurso de este martes.

Precisamente el cuarto leonés sobre el que pesaba una orden de detención en el marco de la operación anticorrupción 'Enredadera' es el diputado por Ciudadanos Juan Carlos Fernández.

Precisamente, ha sido en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, donde ejerce como concejal, donde en el transcurso de la mañana de este martes se ha le ha visto llegar acompañado por varios efectivos de la UDEF. Posteriormente y tras realizar las diligencias oportunas, ha sido trasladado a la dependencias policiales.

El último nombre que aparecía en el largo listado de detenciones dictadas por el juez es el del Juan José Simón Callejo, el que fuera concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Astorga.

Una operación que se ha saldado con la detención en calidad de investigados de otras nueve personas, en su mayoría cargos políticos. Concretamente, los agentes han trasladado a las dependencias policiales a los alcaldes de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo y de Villaquilambre, Manuel García.

El primero de ellos fue el popular Manuel García, que estuvo retenido y prestando declaración en una sala de juntas del Ayuntamiento de Villaquilambre durante más de cuatro horas.

Finalmente, fue trasladado a la Comisaría de León. Junto a él, la portavoz del PP, Mónica Varón, y un técnico municipal. Los tres fueron trasladados por separados en vehículos policiales y todos ellos abandonaban la Comisaría a media tarde.

Cabe recordar que Manuel García, por su calidad de aforado como procurador en las Cortes autonómicas, debería haber prestado declaración en el Tribunal Superior de Justica de Castilla y León.

Mismo escenarios en el Ayuntamiento de Astorga. Allí, los agentes de la UDEF trasladaban hasta las dependencias policiales a Manuel Ortiz, concejal de Urbanismo y portavoz del PP en Astorga, que, tras prestar declaración, fue trasladado hasta la Comisaría de Policía Nacional.

Mientras, en el interior los agentes seguían requisando información y tomando declaración al concejal popular de Deportes, Javier Guzmán, y al de Comercio y portavoz del PAL, Pablo Peyuca, que, al igual que su compañero de equipo de gobierno, eran trasladados hasta las dependencias policiales.

El último fue el alcalde Arsenio García, que se encontraba en Madrid y al que los agentes le esperaban en su domicilio. Sin embargo, el alcalde optó por dirigirse directamente a la Casa Consistorial, desde donde fue trasladado a la Comisaría de Astorga.

Allí, los cuatro representantes maragatos han sido trasladados a los Juzgados de Astorga, hasta donde ha sido trasladado además el alcalde de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, el último detenido en esta macrooperación anticorrupción.

A diferencia de sus compañeros en Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo, el Juzgado de Instrucción nº2 de Astorga ha acordado la puesta a disposición judicial de los cinco cargos públicos. Está previsto, según han confirmado a leonoticias, que este miércoles acudan a los juzgados para prestar declaración a partir de las 10:30 horas.

Los últimos en ser trasladados a dependencias policiales, fueron los representantes políticos de San Andrés del Rabanedo. Pasadas las 16:00 horas, la alcaldesa María Eugenia Gancedo abandonaba la Casa Consistorial escoltada por numerosos efectivos de la UDEF, que portaban cajas con diversa consideración, para su trasladado hasta la Comisaría de Astorga.

Mismo destino tuvo el teniente de alcalde Miguel Ángel Flórez, el concejal de Hacienda Santiago Blanco Sacristán, el portavoz del PAL Francisco Gómez así como dos técnicos municipales, a los que los agentes de la UDEF fue a buscar a su domicilio.

Todos ellos, según han confirmado sus representantes legales, ya han abandonado la Comisaría de San Andrés del Rabanedo. Fernando Santocildes, letrado de María Eugenia Gancedo, ha recordado que el auto del juez de Badalona únicamente solicitaba su localización y por ello ha entendido que actuación policial se ha «sobrelimitado».

El Juzgado de Badalona acordó el registro de cinco ayuntamientos de la provincia de León así como la localización de sus titulares con el objeto de facilitar el desarrollo de los pertinentes registros.

No eran aún las 8:00 horas cuando numerosos miembros de la UDEF de la Policía Nacional accedían a los interiores de los Ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Astorga. Lo hacían simultáneamente y con órdenes de registro.

Aparente tranquilidad en el interior del Ayuntamiento de León, con el alcalde Antonio Silván asegurando a los medios de comunicación que el interés de la UDEF era la recopilación de documentación y en ningún caso «proceder a cualquier detención».

De esta forma, despejaba cualquier duda tras la confirmación de las primeras detenciones. Silván advertía que a diferencia de otros lugares de España y conforme a lo que le han trasladado los responsables de la UDEF, en el Ayuntamiento de la capital no procede ninguna detención, limitándose a una petición de documentación e información. «Absoluta transparencia en las siete plantas el Ayuntamiento de León».

La única medida cautelar que llevaron a cabo los agentes fue el precinto del despacho del concejal de Infraestructuras, José María López Benito, en el que estuvieron algo más de una hora recopilando información.

Finalmente y confirmando las afirmaciones de Silván, la UDEF no ha procedido ni la detención ni al traslado a dependencias policiales de ningún concejal o trabajador del Ayuntamiento de León.

Registros que también se efectuaban en el Ayuntamiento de Villaquilambre. Allí, los agentes de la UDEF mantenían retenidos al alcalde, el popular Manuel García, en una sala de juntas prestando declaración.

Finalmente y tras más de cuatro horas de diligencias, era trasladado en un vehículo policial a la Comisaría de León capital, inicialmente en calidad de investigado. Junto a él, la portavoz del equipo de gobierno Mónica Varón y un técnico municipal.

Registros que también se efectuaban en el Ayuntamiento de Villaquilambre. Allí, los agentes de la UDEF mantenían retenidos al alcalde, el popular Manuel García, en una sala de juntas prestando declaración. Finalmente y tras más de cuatro horas de diligencias, era trasladado en un vehículo policial a la Comisaría de León capital, inicialmente en calidad de investigado. Junto a él, la portavoz del equipo de gobierno Mónica Varón y un técnico municipal.

Lo mismo ocurría en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, hasta donde llegaba la alcadesa acompañada por varios policías de la UDEF. A punto de cumplirse las 16:00 horas, volvía abandonar las dependencias policiales junto a los otros cuatro concejales que fueron trasladados hasta la Comisaría del municipio del alfoz.

Diligencias que se repetían en el Ayuntamiento de Astorga y que acaban con la detención policial, también en calidad de investigados, del alcalde popular Arsenio García, dos ediles del PP y uno del PAL. Ahora, todos ellos están a la espera de la decisión judicial.

El último Ayuntamiento que ha sido objeto de investigación ha sido el de Villarejo de Órbigo donde, hasta la fecha, no se ha producido ninguna detención.

Los agentes de la UDEF han iniciado de este modo una operación contra un posible caso de corrupción en la adjudicación de los concursos para la colocación de radares en decenas de ayuntamientos de España incluyendo en los tres de León. En su conjunto se esperan más de 40 detenciones en toda España.

La actuación se enmarca en una investigación por la adquisición de los radares que utilizan las policías municipales, además del control y compra de semáforos, según se ha remarcado desde la investigación.

La investigación de la UDEF también se vincula al grupo Sacyr. En el caso de León se desconce el alcance de la operación. Hasta el Ayuntamiento de León se han desplazado numerosos agentes y efectivos de la Policía Nacional.

Los agentes tienen en su punto de mira una gran red de amaños de adjudicaciones fraudulentas de sistemas de gestión y ordenación del tráfico a una empresa tecnológica radicada en Cataluña, Aplicaciones Gespol SL, una firma del grupo Sacyr.