Los leoneses siguen siendo los que más se quejan al Procurador del Común

Las instituciones estimaron el 88,79 por ciento de las resoluciones formuladas por el Procurador del Común en 2024, cuando tramitó 2.273 expedientes, derivados de 2.129 quejas entre individuales (1918) y múltiples (ocho), junto con 144 actuaciones de oficio, entre las que destacan la petición del alto comisionado a los ayuntamiento de controlar los consumos internos de agua y su calidad para evitar contaminación por nitratos.

El Procurador del Común, Tomás Quintana, entregó hoy en las Cortes el Informe anual de la institución correspondiente a 2024, que se debatirá en un pleno monográfico de la Cámara el próximo 14 de mayo. El responsable de esta institución propia de la comunidad expresó la «satisfacción» por el grado de aceptación de sus resoluciones porque «detrás de cada una de ellas hay un problema que se resuelve».

En concreto, el alto comisionado, como detalló en una rueda de prensa después de registrar el Informe, precisó que han recibido 1.918 quejas individuales, cuyo mayor número se concentra en la Administración Local (organización, funcionamiento y servicios públicos), Fomento y Empleo Público. De este montante, un total de 1.087 se dirigen a las entidades locales y 635 a la administración autonómica.

Así, el Procurador dictó 1.693 resoluciones, de las que 198 se archivaron al no detectarse ninguna irregularidad jurídica y en las otras 1.495 se formularon recomendaciones, recordatorios, sugerencias o deberes legales con el 88,79 por ciento de aceptación a fecha de 28 de febrero de 2025.

Por provincias, el defensor ciudadano autonómico explicó que el número de quejas tiene una relación directa con los habitantes, excepto en el caso de León por encima de Valladolid, la primera provincia de nuevo en presentar este tipo de iniciativas, que Tomás Quintana interpretó en que acoja la sede de la institución.

En cuanto a las quejas relativas al funcionamiento de la Administración autonómica, el mayor número se concentra en Sanidad, seguido de Educación, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y Familia e Igualdad de Oportunidades. Respecto de la Administración local, ocho de cada diez quejas van a los ayuntamientos y en menor medida a diputaciones y entidades locales menores.

En 2024 el Procurador del Común tramitó 144 actuaciones de oficio, 47 más que el año anterior, muchas de ellas dirigidas a los municipios, tanto de más de 20.000 habitantes como pequeños a través de las diputaciones provinciales, pero también a la administración autonómica.

Tomás Quintana de talló algunas de ellas como el suministro de agua potable para evitar la contaminación por nitratos (93 resoluciones) o que los municipios de más de 5.000 habitantes afrontes el control interno de agua junto a la detección de numerosas fugas, lo que incide en la perdida de agua y su afectación en el abastecimiento.

Igualmente, recordó a todos los municipios la obligación de cumplir con la ley de economía circular para contar con un inventario de edificios que puedan contener amianto y proceder a la retirada progresiva. También, pidió a las entidades locales la limpieza de terrenos y solares para evitar la propagación de garrapatas, cuyas picaduras en algunos casos han sido mortales.

En el apartado de Cultura, Turismo y Deporte, abrió una actuación de oficio para que se amplíe el reconocimiento médico a deportistas escolares, a raíz del fallecimiento de un escolar cuando practicaba deporte.

A los ayuntamientos se dirigió también Quintana para que revisen las rampas de elevación a los autobuses para personas con movilidad reducida y para que pueda existir billete gratis o al menos con una bonificación para el acompañante de una persona con discapacidad.

Otra de las actuaciones de oficio demanda la instalación de técnicas de la inteligencia artificial en las palas de los parques eólicos para prevenir el impacto de aves. También, se solicitó la protección de elementos asociados al Canal de Castilla que se encuentran en estado de abandono para que sus propietarios públicos o privados los mejoren.

El Procurador del Común se interesó por los silos agrarios -existen 54 en Castilla y León- y planteó la declaración como BIC de los que valgan la pena y la recuperación para un uso social u otro, como ha sucedido con el situado en Pancorbo (Burgos), el mayor de España, convertido en almacén de grano por una empresa.

La institución se dirigió a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para que puedan adoptar medidas ante problemas de tráfico y seguridad vial a las puertas de los colegios, como un aparcamiento aunque no sea a la puerta, donde precisó que Segovia y Soria no han acogido la idea por la configuración urbana de ambas ciudades.

En cuanto a la sanidad, explicó, a preguntas de los periodistas, que las listas de espera siguen preocupando a los ciudadanos y precisó que, tras el movimiento social, por la falta de oncólogos en El Bierzo se abrió una actuación de oficio que se paró al tener noticia de la denuncia por parte del Defensor del Paciente ante la Fiscalía, que archivó pero «existe voluntad» de recurrir a la Fiscalía del TSJ.

Tomás Quintana reconoció, por último, que la falta de respuesta a sus sugerencias o resoluciones procede de pequeños municipios.

El Procurador del Común, Tomás Quintana, confió en que «en algún momento decidan» y él también en relación a la renovación de la institución, después de más de dos años con el mandato caducado y en funciones, pese a que los grupos de las Cortes apoyan su reelección.

Después de entregar el Informe anual de 2024, que se debatirá en el pleno de las Cortes en el mes de mayo, fue preguntado que, de nuevo, va a defender el mismo en funciones en el cargo. Respondió con paciencia a como lo lleva, en que es «un año más viejo», y expresó el agradecimiento a los trabajadores de la institución.

«Espero que en algún momento decidan, y yo también», manifestó en relación a la renovación, después de que en su comparecencia del pasado año todos los grupos le expresaran su apoyo para seguir en el cargo otro mandato más.

Sin embargo, afirmó que no ha pensado si la renovación podría ser en este último año de la legislatura o ya con una nueva configuración en las Cortes tras las siguientes elecciones, que, de no adelantarse por el presidente de la Junta, serían en marzo de 2026.

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