La huelga indefinida de letrados de administración de Justicia que arrancaba el pasado martes 24 de enero ha suspendido ya en la provincia de León 234 vistas de juicio y 37 diligencias que comprenden «desde comparecencias, conciliaciones, declaraciones de instrucción, etcétera».
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Varias representantes instaban, ... en la concentración que han celebrado este martes frente a los juzgados, a que el Ministerio de Justicia tratara de hablar con ellos, ya que el «impacto es importante y el perjuicio que se causa al ciudadano es grave» comentaba Ana Belén López.
Los letrados continúan «pidiendo perdón» a la sociedad, pero con la intención de «seguir con la huelga el tiempo que sea necesario hasta que consigamos nuestras reivindicaciones». El Ministerio, por su parte, «está comunicando a las comunidades autónomas que la huelga se termina el viernes y nada más lejos de la realidad, cada vez estamos más enfadados» afima, por su parte, Raquel Martín.
Desde el colectivo aseguran que no han hablado con nadie del Ministerio tras los dos meses de conflicto colectivo, algo «insólito y muy grave en un estado socialdemocrático de derecho».
Además, el pasado lunes se ha emitido «una instrucción en la que se nos prohibe coger ningún tipo de permiso si no está justificado por una cita médica, conciliación familiar o un viaje previamente programado, lo que nos parece atentar una y otra vez contra nuestros derechos y nuestro derecho al ejercicio de huelga».
La huelga indefinida de los llamados LAJ está convocada por los tres sindicatos que representan al colectivo: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Colegio Nacional de Letrados y la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ).
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Laura González, letrada en León, explicó algunos de los motivos por los que se encuentran en este paro indefinido. «Los letrados realizamos muchos trámites: ejecuciones, embargos, subastas, admisión a trámites de demandas... y desde el 2009 se incrementaron nuestras funciones con otras que antes eran de jueces y magistrados».
Sin embargo, ese incremento de funciones «no se ha visto recompensado con un incremento retributivo, a pesar de que desde el 2009 se prometió y en abril de 2022 se volvió a prometer por escrito».
Demandan también «una negociación colectiva propia, dado que los sindicatos representan al resto de cuerpos de la administración de Justicia y sus intereses, no los nuestros, ya que tenemos unas características y unas responsabilidades diferentes».
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No entienden los motivos para que «una vez firmado el acuerdo, y conociendo un estudio pormenorizado de cuál es la cuantía económica que le suponía al Ministerio nuestras reivindicaciones, todo haya quedado escondido en un cajón».
Los letrados tienen intención de seguir con esta huelga indefenida hasta que consigan una negociación con el Ministerio, mientras que la población verá retrasados sus trámites, hasta seis meses en algunos casos, si este conflicto no encuentra una solución.
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