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Hace ya 25 años desde que Luis abandonó la prisión. Había cumplido algo menos de la mitad de la condena que le había impuesto el Juzgado de los Penal de León dos años antes por su delito de lesiones. La condición impuesta por el Ministerio de Justicia, en ese momento encabezado por Margarita Mariscal De Gante, primera titular de esta cartera en el Gobierno de José María Aznar, fue no volver a cometer ningún delito doloso durante los meses que restaban de su condena.
Desde entonces ha pasado un cuarto de siglo, y de la misma forma que a Luis, otras 82 condenas han sido indultadas en la provincia de León, una medida especial que ha saltado a la primera plana de los titulares tras conocerse la intención del Gobierno actual de utilizarla para poner en libertad a los líderes del 'Procés'.
Menos mediáticos son los casos leoneses, que han sido firmados por casi todos los ministros que han ocupado el cargo en este cuarto de siglo, tal y como destaca Civio en su Indultometro. Es la propia Margarita Mariscal la que se lleva el título a más indultos concedidos, pues acumula 35 de los 83, seguida no muy de cerca, por su sucesor, Ángel Acebes, que perdonó un total de 19 condenas durante su estancia en el ministerio, de los cuales, y el único en hacerlo en la provincia, uno había sido condenado por corrupción.
José María Muchavila (3), Ruiz-Gallardón (4) y Rafael Catalá (2) completan la lista de perdones repartidos por el Partido Popular en la provincia en el cuarto de siglo, que llegan a un total de 63, más del 75%, frente a los 20 del PSOE, sumando 11 López Aguilar, 5 Caamaño y 4 Mariano Fernández. De esta forma, solo tres ministros, entre ellos el actual, no han repartido indultos en la provincia, aunque ninguno de los tres ha ostentado un mandato completo: Soraya Saénz de Santamaría (2 meses en funciones), Dolores Delgado (Año y medio en el cargo) y Juan Carlos Campo (En el cargo actualmente desde enero del 2020).
Los números hablan por sí solos. Hace dos décadas, en el año 2000, el Gobierno de José María Aznar concedió 1.744 indutos firmados por los ministros de Justicia Margarita Mariscal de Gante y Ángel Acebes. Diez años después, en el último periodo del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, 404 personas se vieron beneficiadas con la rúbrica del ministro Francisco Caamaño. Finalmente, una década después, el actual titular de Justicia Juan Carlos Campo apenas ha firmado 10 indultos en los seis primeros meses de 2020.
Con apenas 30 artículos, esta ley aprobada durante el breve reinado de Amadeo I de Saboya ha estado en el ojo de la crítica parlamentaria en los últimos años. Los grupos de izquierda y los nacionalistas abogan por una mayor transparencia, en línea con la irrupción en la vida pública de 'lobbies' nacionales y extranjeros, mientras que en su día el centro-derecha (sobre todo cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta) se mostró en contra de modificar la norma porque «no es opaca, arbitraria o injusta» y se debe huir de iniciativas «oportunistas o de casos concretos en favor del interés general». Con el panorama actual, el debate político se ha aparcado.
En León se han indultado un total de 110 delitos, que se reparten en las 83 condenas, y abarcan hasta nueve títulos diferentes del Código Penal de España. Robos con todas sus diferentes agravantes, hurtos, estafas y hasta una receptación suman los 53 delitos contra el patrimonio perdonados, la categoría que más indultos aglutina. Le siguen los delitos Contra la Seguridad Colectiva, con 24, que se reparten en condenas contra la salud pública (en su mayoría por tráfico de drogas) y la seguridad vial como principales.
Las lesiones y las falsedades disputan el tercer puesto con 14 y 13 delitos indultados en el último cuarto de siglo, a los que se unen otras categorías menos habituales, como el abandono familiar (Contra las relaciones familiares), un atentado (Contra el Orden Público, misma categoría en la que se incluyen los presos del Procés), entre otros.
Entre los más llamativos también destacan un delito por insumisión, inexistente en el Código Penal actual. Se trata de un perdón tramitado en 1998, por Margarita Mariscal, a un leonés que se negó a realizar el servicio militar obligatorio. La ministra popular levantó la condena a 2 años y 4 meses de prisión.
También destaca el perdón a una condena de hasta 18 años por acumular ocho delitos de robo, uno con fuerza sobre las cosas y siete de ellos con violencia e intimidación, mientras que Acebes perdonó la condena de tres años por malversación de fondos a un político berciano.
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