León es la provincia con más declaraciones favorables para 46 proyectos de renovables

Tras el final de este primer plazo, que ya contaba con una prórroga, las promotoras deberán preparar la documentación correspondiente para dentro de tres meses y poder obtener la autorización administrativa previa del proyecto, es decir, el derecho a hacerlo. Tres meses después, es decir, medio año desde ahora, deberán conseguir la autorización administrativa de construcción y poder afrontar el último hito que, de acuerdo con los plazos establecidos por el Real Decreto-ley 23/2020, es la concesión de la explotación para «verificar lo que se ha construido, poner en tensión y conectar la infraestructura a la red». Para esto tendrán 32 meses desde entonces.

Es decir, que en el entorno del primer semestre de 2026 deberán estar listos todos aquellos proyectos que hayan superado cada hito. El secretario general de la Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León (Apecyl), Eugenio García Tejerina, advierte en declaraciones a Ical que el incumplimiento de cualquiera de estos hitos «supone la caducidad de los derechos de acceso y conexión y la pérdida del aval». De ahí que insista en que el objetivo del Ministerio siempre fue que con este real decreto se depuraran iniciativas que podrían ser, quizás, menos fiables y pudieran retirarse a tiempo, después de presentarse una cantidad «ingente de solicitudes de acceso y conexión». Pero las cosas «no están saliendo como estaban previstas». «En este primer hito son muchos los megavatios que han superado la declaración de impacto ambiental», comentó.

Será en el último trámite, el de construcción, donde podría haber «problemas» si la gran mayoría de los 12.527 megavatios llegaran a ese punto. «Tienes que tener máquinas, trabajadores para levantarlos, hacer zapatas, cavar... Si todos a la vez queremos hacer los parques, se creará un cuello de botella. No habrá ni siquiera góndolas para transportar palas. Hay flota, pero no para un arreón así. Habrá que ordenar incluso el transporte porque a día de hoy incluso a veces no hay guardias civiles para escoltar estos camiones», explica.

Los expertos admiten que en España sería difícil de sostener un crecimiento de potencia como el que ha superado el hito de la DIA, de ahí que exista coincidencias en que habrá una especie de selección natural. Por el momento, los proyectos tramitados por el Ministerio suman 7.379 megavatios (aquellos que cuentan con más de 50 MW), mientras que la Consejería de Medio Ambiente, 5.148 (los de menos de 50).

Estas cifras elevarían aún más ese liderazgo de Castilla y León, que actualmente tiene 6.404 megavatios instalados de eólica, que generan una aportación al PIB de 777 millones de euros, y en solar, 1.351. En el hipotético escenario de salir adelante todos los proyectos que han superado este hito, la potencia de Castilla y León crecería un 161 por ciento.

García Tejerina explica que este proceso se ha desarrollado «a la carrera, todo en el último minuto»: «Lo que no se ha hecho en años se hace en semanas», lamenta, para señalar que a Apecyl le «interesa Castilla y León» y que todos los presentados en la Comunidad «salgan adelante». «Nos interesa tratar de conseguir que todo el potencial de desarrollo que tenemos y que no se frene por un problema de burocracia o por un número de personal muy básico en una unidad territorial. No podemos dejar de aprovechar esta oportunidad», apeló.

De entre los 5.148 megavatios de la Junta, 4.217 corresponden a fotovoltaica, con 108 proyectos, y unos 950, a eólica, con 24, que sumadas a las 14 líneas de alta tensión elevan la cifra de proyectos evaluados favorablemente a 146 por parte de la Administración autonómica, según los datos a los que tuvo acceso Ical. «Esto se debe al boom por las renovables, sobre todo la solar, porque la eólica ha seguido siempre un ritmo más constante y continuo. Entonces el Miteco estableció el decreto ley con el propósito de ordenar y depurar proyectos que a lo mejor no tienen mucho sentido desde el punto de vista medioambiental pero tiene el acceso concedido», argumentó el secretario general de Apecyl.

Por provincias, la Junta dio luz verde a la declaración de impacto ambiental de 46 proyectos de Palencia, con 1.756 megavatios; y 43 de León, que suman 1.493. Entre las dos provincias representan seis de cada diez solicitudes y el 63 por ciento de la potencia. A continuación, 27 en Zamora, con 939 megavatios; 13 en Soria, con 328; ocho en Valladolid, con 391 megavatios; tres en Burgos y Salamanca, con 125 y 60, respectivamente; dos en Ávila, con 51 megavatios; y uno en Segovia de cinco. Además, la Junta emitió informe desfavorable en 32 proyectos.

Por tipología, la mayor parte de proyectos solares con declaración positiva se encuentran en León y Palencia, con 30 en cada caso, y 1.302 y 1.142 megavatios, respectivamente, seguidos de los 21 de Zamora (884) y los 12 de Soria (328). Mientras, en eólica, destacan las 13 iniciativas favorables en Palencia, más de la mitad de las 24 totales de la Comunidad, con 613 megavatios, que significan dos de cada tres.

El Ministerio señaló que no tiene previsto desglosar los datos de los parques mayores de 50 megavatios a escala provincial, es decir, los de su competencia. Según los diferentes boletines oficiales del Estado (BOE) de los últimos meses, consultados por Ical, algunas de las mayores infraestructuras más grandes en eólica se construirán en 11 municipios del Bierzo, con el parque 'Trabadelo', que contará con 110 megavatios y que incluso cuenta con terrenos y evacuación en Ponferrada.

Pero es en energía fotovoltaica donde se observa un mayor número de proyectos considerados 'macroparques', como los de Villalba de Guardo (Palencia), que ronda los 350 megavatios, otro en Soria capital, con 180 megavatios, y principalmente en la provincia de León, con cuatro en Villameca, que suman alrededor de 350 megavatios, y otro en El Burgo Ranero, Valdepolo y Santas Martas, con 130.

García Tejerina recordó que antes de iniciarse este proceso, el Gobierno central estableció un periodo para las bajas voluntarias, que fueron menos de las previstas. A partir de ahí empezó a andar, con unos plazos y consecuencias si no se cumplen. «Si tu proyecto no tiene las autorizaciones que establece el decreto en las fechas establecidas le caduca el derecho de acceso y conexión, sin el cual no tiene valor y tendría que empezar de cero. Pero si se pierde, otro que viene detrás lo puede ocupar, con lo que todo tu trabajo de promoción, proyecto o búsqueda de terreno ha sido en vano», relata.

De ahí los «hitos exigentes» para que los superen solo aquellos proyectos que «tienen sentido, sus promotores los puedan defender y sigan adelante, y que todo acabe con un proceso de depuración que permita finalizar con una cifra razonable».

El secretario general de Apecyl vaticina que el Miteco no otorgará más prórrogas como la del primer hito, algo que «puede tener un sentido» para hacer esa 'limpia', dado que los objetivos de desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 «se completará sobradamente».

Por último, el sector debería responder a la pregunta de si el sistema de redes de transporte de energía del país está preparado para llevar toda la producción que generarían los proyectos evaluados, que en Castilla y León suman algo más de 12.000 megavatios, pero que en España (a la hora de hablar de redes y producción energética el país es una unidad) alcanza los 28.000 que han una Declaración de Impacto Ambiental positiva por parte del Miteco, más los de cada comunidad autónoma.

«Creo que no está preparado para soportarlo ¿Se va a hacer todo? No soy adivino. Pero objetivamente estas cifras nacionales superan lo previsto en el PNIEC. Esto supone que habría que actualizarlo, además con la presión de la guerra en Ucrania», sentencia García Tejerina, quien establece otros tres factores que pueden influir también. El primero, que hasta ahora el incremento de la generación de renovables ha sustituido al carbón y a una parte de la nuclear, «pero la demanda hoy es la que es y se ha reducido». Por ello, aboga por mejorar el almacenamiento de energía a través de baterías o hidrógeno verde, entre otros.

En segundo lugar, apela a la necesidad de exportar los excedentes de generación de renovables, «en lugar de parar las máquinas». Para ello admitió que debe existir una buena interconexión con el resto de Europa, porque el objetivo «es convertir a España en un gran exportador de energía verde, pero para ello hay que producirla y mejorar la conexión con Francia».

La tercera y última pata sería incrementar la demanda eléctrica a través de la «electrificación de la economía y la sociedad», como por ejemplo el transporte y la climatización de viviendas, «mediante la implantación de bombas de calor» o sistemas similares, que «son mucho más eficientes». Estas tres posibilidades: almacenamiento, exportación y electrificación de la automoción y hogares «incrementarían la demanda» y podrían dejar espacio a la producción de todos los proyectos actualmente en tramitación.