En León se han notificado el 37% de las denuncias en estado de alarma sólo un 9,5% se han pagado

Por el momento, han llegado 3.121 denuncias a los buzones leoneses, y aunque la mayoría de los sancionados no las ha pagado ni recurrido, los leoneses prefieren abonar la cuota de 600 euros, 300 por 'pronto pago' que pleitear o recurrir la denuncia.

En este caso, un total de 806 denuncias, de 508 expedientes, han sido abonadas. Lo que apenas representa el 9,5% de las que han sido notificadas por Subdelegación del Gobierno. Pero tampoco son elevadas las cifras de quienes las recurren, ya que, por el momento, sólo hay cuatro expedientes recurridos. Dos de ellos por vía administrativa con un recurso de alzada que aún están pendientes de resolver.

Los otros dos recursos han sido por vía contenciosa, uno de ellos sigue pendiente de resolver y el otro ha sido anulada la sanción con una sentencia reciente y pionera en la provincia leonesa.

Son muy pocos todavía los recursos contra estas sanciones que han llegado a los juzgados de lo contencioso administrativo, pero estos están siendo estimados por los magistrados, al entender, entre otros argumentos, que cuando se impusieron no había un marco legal que las contemplara, sin entrar en el contenido de la infracción.

En este sentido, Víctor Alvarez letrado leonés de Cordal Abogados, asegura que «casi nadie ha desobedecido directamente a los agentes» y es el motivo por el que se han puesto la mayoría de las denuncias durante el estado de alarma. «Cuando se decreta el estado de alarma y se hace publico el documento para que ellos denuncien, se hace mediante la ley mordaza», recuerda el abogado.

El problema de esas sanciones es que no se ajusta la infracción a lo que aparece en la denuncia, porque no se disponía de un marco legal adecuado a la situación. Por ello, Víctor Álvarez considera que «la mayoría de las denuncias que se han puesto se podrían anular».

Una situación que se ha puesto sobre la mesa tras conocerse, en leonoticias, la primera sentencia en León que anula una sanción del estado de alarma por este motivo. Un criterio que no solo vale para este caso», se congratula el letrado, ya que «la sentencia ya es firme y se puede aplicar a la mayoría de sanciones en ese periodo».

Víctor aportó «un justificante bancario de que un minuto antes de la denuncia, mi cliente había sacado dinero por lo que estaba en la calle por una causa justificada que era comprar alimentos». Pero el juez fue mas allá, y lo que hizo «fue decir que este tipo infractor no vale».

Cordal Abogados mantiene en este momento una decena de expedientes recurridos impuestos en las fechas del primer estado de alarma. «En la denuncia no relata desobediencia por lo que ese hecho no se ajusta al tipo», remarca el letrado quien anima a «que la gente se defienda para no perder derechos».